El Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo-DH) manifestó su preocupación sobre la legalidad del traslado de los internos de la antigua Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel al Centro Penitenciario Varonil de Tanivet.
La coordinadora general de ese organismo, Sara Méndez Morales dijo que la autoridad penitenciaria, tratándose de traslados involuntarios, cuenta con 24 horas para notificar al Poder Judicial del Estado (PJE) y este a su vez, tiene un plazo de 48 horas más, para calificar la legalidad de esa determinación, conforme a las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP).
Por eso, expuso que el PJE necesita impulsar la legalidad en el proceso de traslado, para garantizar la dignidad humana de las personas privadas de libertad y la gobernabilidad en los centros de reclusión del estado.
Además, subrayó que el proceso de traslado penitenciario propicia violaciones a los derechos humanos como situaciones de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, porque aumenta la incomunicación y la falta de asistencia de un defensor.
Aparte de esto, destacó que estos riegos se potencializan debido a la emergencia sanitaria enfrentada por el coronavirus, porque la población privada de la libertad no ha sido atendida con eficiencia y apego a derecho.
Ante ello, hizo un llamado a las autoridades penitenciarias a atender el proceso de legalidad establecido por la LNEP y permitir a las personas privadas de su libertad tener certeza jurídica y comunicación efectiva con sus familiares.
