Oaxaca registra un promedio de menos 3.4 en el índice de confianza hacia las autoridades del sistema de justicia penal, contra el 11.1 del estado de Yucatán, por lo que un buen número de ciudadanos que sufre algún delito no presenta la denuncia correspondiente, precisa el informe “Hallazgos 2019: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal”, elaborado por México Evalúa.
El documento señala que la desconfianza en las autoridades representa un alto porcentaje dentro de las causas de la no denuncia (sólo superado por el de “pérdida de tiempo”, que indirectamente se puede asociar con el desempeño de la autoridad).
Añade que un aspecto relacionado a la tasa de denuncia es el resultado esperado de presentarla ante el Ministerio Público.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, del total de delitos en donde se inició una carpeta de investigación, prácticamente en la mitad de ellos, esto es 51 por ciento, los entrevistados declararon que no ocurrió nada, 22 por ciento señaló que está en trámite, mientras que 27 por ciento manifestó algún tipo de resultado (recuperación de bienes, vinculación a proceso, otorgamiento de perdón, reparación de daño y otros no especificados).
“Estas cifras revelan una situación preocupante que se ha mantenido en los últimos años: existe una profunda desconfianza por parte de la ciudadanía sobre las instituciones del sistema de justicia penal. Como se ha dicho, esto explica en gran parte que la cifra negra no baje de 90 por ciento desde que se tiene registro”.
Además el informe resaltó el hecho de que 27.9 por ciento de las detenciones a nivel nacional fueron calificadas como ilegales por los jueces de control; es decir, se determinó que no fueron realizadas en apego a los requisitos constitucionales y legales.
Los estados en donde mayor número de detenciones fueron calificadas como ilegales son: Oaxaca (69.2 por ciento), Estado de México (68.3 por ciento) y Baja California Sur (37.6 por ciento).
Y que durante 2019, del total de los asuntos en trámite o activos en el país, se emitieron sentencias en 13.2 por ciento de los casos. De éstas, 88.4 por ciento fueron condenatorias, 11.2 por ciento absolutorias y 0.4 por ciento mixtas.
