Los diputados del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Leticia Collado Soto y Ericel Gómez Nucamendi exhortaron a la titular de la Secretaría de las Mujeres, Ana Vásquez Colmenares, así como a la titular de la Fiscalía Especializada para Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, María del Carmen Chiñas, para que brinde la atención adecuada y suficiente a las mujeres y niñas víctimas de delitos por razón de género.
La proposición con punto de acuerdo señala que en los últimos años Oaxaca destaca como una de las entidades con mayor índice de violencia contra las mujeres y se ha colocado en las estadísticas nacionales en los primeros puestos.
Este tipo de violencia en el estado deriva de una múltiple discriminación: ser mujeres, ser pobres, ser indígenas y en muchos de los casos niñas, que se suma al habitar en uno de los estados con mayor rezago y pobreza en el país; por lo que debemos de identificar distintos tipos de violencia hacia las mujeres, violencia derivada de su condición indígena, violencia provocada por conflictos comunitarios.
“Hablamos de violencias encadenadas porque las distintas modalidades –feminicida, sexual, trata de personas, violencia en el ámbito laboral o escolar, violencia por conflictos comunitarios- tienen como telón de fondo un ambiente de impunidad que configura la violencia institucional. En caso de que la desigualdad y la pobreza no se atiendan, desde la perspectiva interseccional se podría advertir el riesgo de que la violencia continúe”.
Agrega que además entre los gobiernos persiste una falta de visión intercultural y con perspectiva de género, ya que es frecuente que, por citar una modalidad, el personal de los servicios de salud en las comunidades no tenga en cuenta los elementos diferenciales de género necesarios para el control médico durante el embarazo, o que en muchos casos no se tome en cuenta que las mujeres no hablan español y, por tanto, no pueden atender las recomendaciones médicas.
Vacíos institucionales
En las instancias de atención a la salud y de procuración de justicia -y en todas las instituciones públicas-, debe sensibilizarse al personal, dado que aún prevalecen prácticas discriminatorias y sexistas que colocan a las mujeres en un estado de indefensión.
Tanto las instancias gubernamentales como las de la sociedad civil, coinciden en señalar que la violencia contra las mujeres inicia desde la familia, con episodios que se naturalizan, se incrementan, son cíclicos y afectan a todo su entorno.
“La violencia anda sobre los caminos accidentados de los vacíos institucionales, en la proliferación de la pobreza que crece por doquier como hierba mala y en el ensañamiento progresivo de las violencias de género. Se materializan en quienes se ven en la necesidad de migrar y en quienes sufren desigualdad social y económica y se nutren de las constantes violaciones a los derechos humanos”.
Destaca que si la violencia se ha “normalizado”, es urgente desandar el camino, recuperar la indignación ante sus expresiones y reeducarnos en la defensa de los derechos humanos con imperativo ético.
