El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas manifestó su preocupación por la aprobación de la iniciativa con proyecto de dictamen en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para extinguir el Fideicomiso 10232 para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En su representación, el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes dijo que este fideicomiso tiene como única finalidad el destino de recursos financieros exclusivamente a la implementación y operación de las medidas de prevención, de protección y urgentes de protección, para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas beneficiarias.
“Desaparecer el fideicomiso tendría consecuencias graves que se verían reflejadas de manera directa en la implementación de los planes de protección y la capacidad del mecanismo de hacer frente a situaciones de riesgo emergentes que caracterizan la labor del mismo”, señaló.
Incluso, observó que los recursos financieros destinados este año al fideicomiso ya están comprometidos y así, se reafirma la idea de la extinción, reducción o reorientación aún más de los fondos del fideicomiso.
“Eso, significaría indiscutiblemente incrementar el riesgo en el que viven quienes informan y defienden derechos humanos, razón por la cual no sería válido hacer uso de la pandemia ocasionada por COVID-19, como argumento válido para llevar a cabo ningún tipo de modificación”, indicó.
Destacó que la obligación de la garantía presupuestal ha sido reiterada al Estado mexicano en múltiples ocasiones por los titulares de organismos internaciones, como el Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, así como el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para brindar al mecanismo de protección federal, los recursos humanos y materiales necesarios en el desempeño de su mandato.
De este modo, llamó al Congreso de la Unión, en especial a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, así como al titular del Poder Ejecutivo, a revaluar los posibles impactos de la extinción del fideicomiso y considerar soluciones alternativas, a través de la creación de espacios de diálogo efectivos entre autoridades y quienes defienden derechos humanos e integran el gremio periodístico, así como a la sociedad civil en general.
