El Comité Hasta Encontrarlos demandó que el proceso penal iniciado a siete policías por la desaparición forzada de los militantes del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, sea atraído por un juzgado de distrito de Oaxaca.
Nadín Reyes Maldonado, hija de una de las víctimas, informó que el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Puente Grande, Jalisco, ha dictado auto de formal prisión a algunos de los detenidos, pero también ha determinado declinar la competencia a un juzgado de distrito de Oaxaca porque supuestamente carece de competencia legal en razón de territorio, pues los hechos sucedieron en Oaxaca.
Por eso, expuso que los familiares no aceptan esta decisión de declinar la competencia porque el Ministerio Público Federal requirió procesar a los policías en Jalisco debido al persistente contexto de impunidad, adversidad y complicidad en Oaxaca.
Subrayó que el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Federales no debe declinar su competencia por razones de territorio, pues debe privar, por encima de esto, el interés de garantizar a las víctimas el acceso a un proceso efectivo de verdad y justicia.
“Y esto, solamente sólo se podrá llevar a cabo si las investigaciones penales se realizan fuera de la sede que es responsable de la comisión de este crimen de lesa humanidad”, asentó.
De esta manera, destacó que el proceso penal en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Federales permitirá mantener un poco más la independencia y lejos de los intereses políticos y de impunidad a nivel federal y estatal en Oaxaca.
Ante esto, rechazó que el caso se atraído por un juzgado de distrito de Oaxaca, pues los implicados como el exprocurador Evencio Nicolás Martínez, ocuparon altos cargos en el estado.
“Hasta la fecha mantienen muchos vínculos de complicidad, compadrazgo y corrupción que permiten seguir encubriendo y manteniendo en la impunidad a los responsables materiales e intelectuales de éste y de muchos más crímenes de Estado”, anotó.
Además, subrayó que aún falta por investigar, detener y sancionar a muchos involucrados en esta grave violación a los derechos humanos, como los mandos militares y de la marina en funciones en 2007, así como al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz y al expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
Ante esto, dijo que los familiares continuarán exigiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nacional dictar una sentencia en favor de los desaparecidos, porque no aceptarán la remisión del caso al lugar donde nunca se ha hecho nada por investigar la desaparición forzada de los militantes del EPR.
