Los diputados de la fracción parlamentaria de Morena, Leticia Socorro Collado Soto, Rocío Machuca Rojas y Luis Alfonso Silva Romo, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a fin de que se garantice la paridad de género en los procesos de integración de la estructura operativa y administrativa del Congreso.
La iniciativa plantea reformar el artículo 2 de la ley, para subrayar que son principios rectores del Congreso del Estado de Oaxaca: la transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, austeridad, eficiencia, eficacia, independencia, interculturalidad, imparcialidad y la perspectiva de género, por lo que todo acto o determinación de sus órganos garantizarán la observancia de los mismos.
Así como el artículo 48 para establecer que son atribuciones de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), las siguientes: (...) X.- observando el principio de la paridad de género se pondrá a consideración del pleno, la designación de los titulares de las secretarías de servicios parlamentarios, servicios administrativos, así como del titular del órgano de control interno e informar sobre la renuncia, remoción o licencia de éstos.
Y además, en el artículo 49 señalar que son atribuciones de la Jucopo: (…) VI.- Nombrar y remover, previo acuerdo de la Jucopo, al personal del Congreso y cubrir las vacantes que resulten necesarias para el servicio de la legislatura, observando el principio de paridad de género, en los casos que no sean competencia del pleno.
Los diputados promoventes manifiestan que la legislación en materia de género les permite establecer las bases jurídicas que ordenen la organización institucional, con el objetivo de generar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.
Afirman que para disminuir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres, así como la violencia por razones de género, deben emplearse acciones específicas desde diferentes campos para generar los escenarios propicios que garanticen el respeto a los derechos humanos. “En su responsabilidad el Estado debe emplear acciones que conlleven a la inclusión de una perspectiva interseccional y con enfoque de género, así como de la creación del políticas específicas regionalizadas”.
