Con el fin de sancionar a los culpables de uno de los episodios más trágicos de Oaxaca, el Congreso exhortó a la Fiscalía General de la República a iniciar de oficio las investigaciones relacionadas con las ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, las violaciones al debido proceso y demás crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado en contra del movimiento social en los años 2006 y 2007, con el fin de llevar ante la justicia al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz y a los demás responsables intelectuales y materiales de la represión ilegal.
La proposición con punto de acuerdo presentada por la fracción parlamentaria de Morena, aprobada como de urgente y obvia resolución, señala que la Comisión de la Verdad en su informe “¡Ya sabemos! No más impunidad en Oaxaca”, concluye que el Estado violó de manera masiva y sistemática derechos humanos como la presunción de inocencia, el debido proceso y garantías judiciales. “Da cuenta de que se cometieron detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y degradantes, y que el Estado incurrió en desapariciones forzadas, tortura y en ejecuciones extrajudiciales, consideradas como violaciones graves a los derechos humanos”.
Agrega que la misma Comisión de la Verdad advierte que en los homicidios de Arcadio Fabián Hernández, Eleuterio José Jiménez Colmenares, Lorenzo Sanpablo Cervantes, Alejandro García Hernández, Emilio Alonso Fabián, Esteban López Zurita, Bradley Rolnad Will, Raúl Marcial Pérez y Alberto Jorge López Bernal, existen elementos suficientes para sostener que se trató de ejecuciones extrajudiciales, es decir, crímenes de Estado.
Destaca que todas las ejecuciones extrajudiciales que se realizaron durante el conflicto se mantienen en la impunidad; sin una línea de investigación que dé como resultado el acceso a la justicia, así como a la verdad, para dar nombre y castigo tanto a los autores materiales como intelectuales de la misma.
Subraya que de acuerdo con la información recabada por la Comisión de la Verdad, existen elementos para señalar de una serie de agravios cometidos contra Emeterio Marino Cruz, tales como tentativa de homicidio calificado, abuso de autoridad, trato cruel, inhumano y degradante, entre otros, al entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, el procurador Evencio Nicolás Ramírez, el secretario de protección ciudadana Sergio Segreste Ríos, el director de la policía ministerial Daniel Camarena Flores, y el coordinador de seguridad pública del municipio de Oaxaca de Juárez, Aristeo López Martínez.
Manifiesta que la misma comisión estableció la responsabilidad del Senado de la República por desatender la solicitud de desaparición de poderes en el estado, privilegiando los intereses políticos enmarcados en la sucesión presidencial del 2006, en lugar de procurar la estabilidad, seguridad y paz en el estado de Oaxaca, donde se cometieron una serie de violaciones graves a los derechos humanos, luego de su negativa.
