La 64 Legislatura del estado manifestó su enérgico rechazo a la violencia en contra de las y los periodistas que ejercen su profesión en el estado de Oaxaca, y condenó el asesinato del comunicador Telésforo Santiago Enríquez.
Asimismo, requirió al titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca cumplir con su obligación de actuar con la debida diligencia entorno al homicidio del comunicador Santiago Enríquez, asesinado el 2 mayo de 2019, en San Agustín Loxicha, considerándolo periodista y defensor de los derechos humanos, y abordando de manera profunda la posibilidad de que el ataque haya sido represalia a esas tareas, con el fin de que ese crimen no quede en la impunidad.
“Por lo tanto, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado, para que instruya a todas sus dependencias que sean pertinentes a fin de garantizar la integridad, la vida y la libertad de expresión de las y los comunicadores comunitarios del estado de Oaxaca, que puedan estar en riesgo por el ejercicio de su libertad de expresión, coordinándose para ello de manera efectiva con las propias personas en riesgos”.
Además solicitó al titular de la Fiscalía General del Estado, para que en el ámbito de sus facultades cumpla con los artículos quinto, sexto, séptimo y octavo del acuerdo por el cual se crea la Unidad Especializada de Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, y en consecuencia se convoque a la integración de su consejo consultivo.
Señala que han transcurrido más de 20 meses y no se ha convocado a los periodistas, académicos y asociaciones civiles defensoras de derechos humanos y especialistas en materia de libertad de expresión, para consolidar el consejo consultivo como lo establece el decreto publicado el 3 de agosto del 2017, que a la letra dice: “La Fiscalía para este efecto contará con un Consejo Consultivo cuya función será fungir como instancia permanente de consulta de la fiscalía general en esta materia… El consejo se integrará por el consejero presidente y seis consejeros con voz y voto, los cuales serán designados por el fiscal general…”.
Defensores del territorio
El dictamen de las comisiones que aprobaron la proposición con punto de acuerdo propuesta por la diputada Magaly López Domínguez, establece que información de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca difundida en el 2016, subraya que la mayoría de las personas defensoras de los derechos humanos agraviadas fueron sindicalistas que se oponían a la reforma educativa y, posteriormente, defensores de la tierra y el territorio.
“Así la represión contra sindicalistas magisteriales ha sido una constante y hay elementos para pensar que algunos asesinatos forman parte de una lógica de represión contra activistas sociales y políticos”.
Subraya que el Estado tiene el deber de proteger a las personas que se dedican a promover la actuación de los defensores de derechos humanos bajo su jurisdicción y a protegerlos frente a toda violencia, amenaza o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de sus actividades”.
