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Demanda organización garantizar salud de internos de penales en Oaxaca

Foto(s): Cortesía
Octavio Vélez Ascencio

Ante el incremento de casos de coronavirus en los penales, la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) requirió a las autoridades penitenciarias de Oaxaca y otros estados redoblar sus acciones para garantizar su salud y no olvidarse de las personas de quienes el Estado es responsable.


El director general, José Luis Gutiérrez Román aseguró que no puede haber regreso a la normalidad con el semáforo penitenciario en rojo, porque continúa avanzando con alarmantes crecimientos en diversos estados.


A la fecha –detalló–, se han registrado 672 casos de personas contagiadas, 576 personas privadas de libertad y 96 correspondientes al personal penitenciario, es decir, en promedio se presentan 8.5 contagios por día al interior de los centros penitenciarios.


Además, destacó que las liberaciones han ido en un importante descenso, pues en los últimos 15 días solamente se han excarcelado a 210 personas, para una suma total de tres mil 625.


“Dadas las condiciones de hacinamiento, sobrepoblación y salubridad en los centros penitenciarios, era urgente desahogar los números de población, pero paulatinamente hemos visto que esta intención ha disminuido”, señaló.


Por eso, resaltó que en el momento de las recomendaciones sobre la llamada “nueva normalidad”, no deja de llamar la falta de atención y de respuestas satisfactorias de las autoridades, fuera de los reportes periódicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para atender a la población privada de libertad.


“Es importante señalar que dadas las condiciones que han supuesto las autoridades de salubridad como el subsecretario Hugo López Gatell, para los centros penitenciarios el semáforo es invariablemente rojo”, asentó.


Subrayó que este panorama de peligro de contagios y muertes se generó porque los gobiernos estatales no han atendido las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP).


De esta manera, detalló que los 32 estados contarían con una unidad de supervisión de beneficios preliberacionales y sanciones no privativas de libertad, para atacar integralmente la gravedad del hacinamiento y sobrepoblación.


“La crisis del virus en el sistema penitenciario no puede regresar a la vieja normalidad, sino que se debe buscar instaurar con apego a la ley un nuevo horizonte penitenciario donde la reinserción social deje de ser utopía y se convierta en hecho”, apuntó.

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