La 64 legislatura del estado condenó enérgicamente las amenazas en contra de la Asociación Civil Consorcio Oaxaca y se solidarizó con las integrantes de esta organización, cuyo trabajo a lo largo de 17 años ha tenido como propósito garantizar los derechos humanos, la integridad y la vida de un sinnúmero de mujeres oaxaqueñas.
Asimismo, exhortó al gobernador Alejandro Murat Hinojosa a establecer las condiciones para garantizar el trabajo que las personas y las organizaciones defensoras de derechos humanos desarrollan en Oaxaca, particularmente las defensoras de los derechos humanos de las mujeres, y en especial la Asociación Civil Consorcio Oaxaca.
Además convocó al titular de la Fiscalía General de la República a ejercer su facultad de atracción en el caso de las amenazas contra las integrantes de la asociación, con el fin de garantizar una investigación seria, pronta, expedita e imparcial que permita llevar a los responsables ante la justicia.
La proposición de punto de acuerdo presentada por la fracción parlamentaria del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), señala que la madrugada del lunes 15 de junio de este año personas desconocidas dejaron en la puerta de la asociación civil una bolsa negra con pedazos de carne, al parecer la cabeza de un animal, y al lado una cartulina con una amenaza de muerte supuestamente firmada por una organización criminal.
"El Estado debe proteger a activistas"
Añade que la organización atribuye la amenaza al gobierno del estado y la fiscalía, a la luz de sus recientes denuncias sobre la impunidad y colusión gubernamental en el asesinato de la fotoperiodista María del Sol, el aumento en la desaparición de mujeres en el estado, feminicidios y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos.
Destaca que al conocerse este hecho de inmediato se hizo presente la solidaridad internacional, nacional y local.
En defensa de Consorcio Oaxaca se pronunciaron públicamente la ONU Mujeres, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las Brigadas Internacionales de Paz de Estados Unidos, Canadá, Francia; entre otras muchas.
Destaca que para la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: el Estado tiene el deber de proteger a las personas que se dedican a promover la actuación de los defensores de los derechos humanos bajo su jurisdicción y a protegerlos frente a toda violencia, amenaza o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de sus actividades, independientemente de la condición de los presuntos autores.
