La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 64 Legislatura, que preside el diputado morenista Horacio Sosa Villavicencio, condenó de manera enérgica la masacre ocurrida en el municipio de San Mateo del Mar, donde informes preliminares establecen como saldo 15 personas muertas, así como un número indeterminado de heridos y desaparecidos.
Además exigió al gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, garantice la gobernabilidad y paz en esta zona, para que el pueblo ikoot viva con seguridad y armonía.
Después que se difundiera por diversos medios de comunicación un ataque armado –en dos momentos- en contra de los pobladores de diversas agencias del municipio, que se dirigían a una asamblea de análisis e información para organizarse de acuerdo a sus normas internas, en la comunidad de Huazantlán del Río, los coordinadores de las fracciones parlamentarias de Morena, PRI, PT, PES, PVEM, PT y Mujeres Independientes lamentaron los hechos.
“Expresamos nuestro pesar al pueblo ikoots, nos solidarizamos con el dolor de las víctimas y de las familias afectadas por este acto irracional de barbarie, y hacemos votos por la pronta recuperación de las personas heridas”, manifestaron los legisladores integrantes de la Jucopo, por medio de un comunicado.
Agregaron que estos hechos podrían implicar un ataque directo “y por las vías más brutales” a las capacidades ciudadanas para intervenir en los asuntos de interés público. Por ello, la diputación oaxaqueña condenó la búsqueda de mantener el control social o político a través del terror, “aspecto inadmisible en cualquier sociedad que, como la nuestra, aspira a considerarse democrática”.
Por este hecho, el Congreso exigió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca una investigación pronta, completa, expedita e imparcial, que permita llevar a los responsables a la justicia para que, conforme a derecho, hagan frente a las consecuencias de los delitos cometidos; “aun en la conciencia de que este agravio a un pueblo indígena es imposible de reparar”.
Precisan que la masacre de este domingo 21 de junio tiene como antecedentes directos otros ataques recientes que implicaron tortura, privación de la libertad y homicidio en contra de habitantes de las agencias de San Mateo del Mar. También, señalan la posible responsabilidad, de quienes desde el gobierno del estado de Oaxaca, tienen la obligación de conciliar, acordar y resolver los conflictos.
“La omisión gubernamental también puede ser una política criminal, y tanto el Poder Ejecutivo como la Fiscalía tienen la obligación de identificar las responsabilidades de quienes no actuaron o no hicieron lo suficiente para evitar esta tragedia”, expone el documento.
Finalmente, el Congreso demandó que el Poder Ejecutivo del Estado, en coordinación con las autoridades federales que corresponda, establezca las condiciones de seguridad necesarias para que el pueblo ikoots pueda desarrollar su vida de manera armónica, a fin de hacer justicia para castigar a los autores materiales e intelectuales de los delitos cometidos.
