Desde el exilio en España, el activista Juan Sosa Maldonado, ex preso en el penal federal de Almoloya de Juárez, por supuestamente pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), requirió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que sea registrada política y jurídicamente su condición de desplazado por la violencia política.
En una queja enviada a la presidenta de ese organismo, María del Rosario Piedra Ibarra, expuso que el trabajo de difusión y defensa de los indígenas zapotecos de San Agustín Loxicha, a quienes también acusaron de formar parte del grupo armado, así como la denuncia de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y otras violaciones de los derechos humanos en Oaxaca, lo colocaron en una situación de ataques y hostigamiento permanentes.
De este modo, demandó que sea reconocida su condición de desplazado por la violencia política y de refugiado a causa de esta guerra contra quienes buscan mejores condiciones de vida para el pueblo de México.
Además, reclamó que sea reconocida su condición de defensor de derechos humanos y su participación y respaldo para lograr la paz en México, en primer lugar garantizando el respeto de los derechos humanos de las víctimas.
También, pidió crear una comisión de la verdad para la violencia gubernamental en San Agustín Loxicha, a partir del “Informe Especial: Caso de la Región Loxicha” del año 2003, publicado por la propia CNDH.
De la misma manera, solicitó implementar un plan para atender a las víctimas en el exterior, en los países fronterizos y en tierras tan lejanas como lo somos nosotros, así como abordar de manera integral los rubros de memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, yendo más allá de la verdad jurídica, poniendo un alto a la simulación de una política de respeto de los derechos humanos.
Sosa Maldonado requirió igualmente implementar acciones y mecanismos para lograr su retorno con garantías, digno, seguro y voluntario a México.
