El Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas manifestó su preocupación por el escenario generalizado de violaciones a derechos humanos en el país durante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.
En su calidad de integrante de ese organismo, el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes, dijo que la magnitud de la crisis pone de manifiesto la existencia de un problema eminentemente estructural en los diseños institucionales y refleja, en muchos casos, la falta de interés por parte de sus operadores para hacer frente a esta problemática en la sociedad.
Expuso que México enfrenta retos considerables por la desigualdad, ya sea económica o a razón de alguno o varios componentes de la identidad de las personas y grupos sociales históricamente discriminados, así como la falta de perspectiva de interdependencia de los derechos la falta de armonización del marco legislativo en la materia, sobre todo, en relación al sistema de justicia penal y la insuficiencia e ineficacia de los mecanismos existentes para garantizar los derechos de las víctimas.
Subrayó que si bien el país ha destinado una importante cantidad de recursos para hacer frente al coronavirus, también es importante priorizar otra serie de problemáticas en materia de derechos humanos, porque también requieren de urgente atención.
Otra emergencia
Observó que resulta importante evitar se convierta la emergencia sanitaria en una justificación para desplegar acciones represivas o narrativas encaminadas a justificar violaciones a derechos humanos, minimizar su gravedad e incluso, criminalizar la labor de personas y organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos.
De esta manera, mencionó que todas las estrategias gubernamentales dirigidas a contener la pandemia por COVID19 se necesitan ceñir en un marco estricto de respeto y garantía de los derechos humanos, así como acciones coordinadas en todos los niveles de gobierno para evitar este tipo de episodios e investigar los sucedidos.
Además, resaltó que se requiere redoblar esfuerzos en distintos ámbitos, pues diversos hechos recientes muestran un deterioro en la situación de los derechos humanos en el país, por ejemplo, el uso de la fuerza y la prevención de la desaparición forzada de personas y de la tortura, durante las jornadas de protesta por la muerte de Giovanni López.
A esto, destacó que se suman los seis asesinatos registrados de personas defensoras del cuidado y preservación del medio ambiente en Oaxaca, la ola de agresiones a periodistas y de quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión, el incremento de violencia en contra de las mujeres desde todos los ámbitos, los abusos a personas migrantes y población indígena y la creciente desatención a víctimas.
Frente a esto, dijo que el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, junto con la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNB), reiteró su apoyo a víctimas, familiares, personas y organizaciones de defensa de derechos humanos.
Aparte de esto, llamó a todos los órdenes y niveles de gobierno a poner en marcha acciones efectivas para evitar que continúen en aumento las violaciones a derechos humanos, la criminalización de la protesta y de las personas defensoras de derechos humanos.
Así como a trabajar de manera coordinada para que la emergencia sanitaria que atraviesa el país no agrave la emergencia que ya se tenía en materia de protección a los derechos humanos e impunidad.
