La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) señaló que las preliberaciones de personas privadas de su libertad tienen que contar con perspectiva de género para ayudar a combatir la impunidad y la discriminación, así como enviar un mensaje de reconocimiento y atención a las desigualdades históricas entre hombres y mujeres.
El presidente de la DDHPO, Bernardo Rodríguez Alamilla, indicó que hacer realidad el derecho a la igualdad es un mandato derivado de la Constitución y de los instrumentos internacionales que atañen a toda persona que aplica derecho. “Por ello, todos y todas las impartidoras de justicia tienen el deber de juzgar con perspectiva de género”, afirmó.
"La incorporación de la perspectiva de género en la impartición de justicia -indicó- no se extingue durante la argumentación procesal y la emisión de una sentencia, sino que es parte sustancial de la fase de ejecución penal. Así, en el actual contexto de pandemia por la enfermedad de COVID-19, el otorgamiento de beneficios preliberacionales, de reducción de la pena o de tratamientos en semi libertad, deben llevar perspectiva de género", reiteró.
"La mayoría de las mujeres en reclusión suelen cometer delitos menores no violentos, o bien, en muchos de los casos de mujeres privadas de la libertad, se vieron involucradas en actividades criminales por sus parejas", dijo.
Además, en su mayoría son madres y las únicas responsables de sus hijos e hijas en contextos mayormente relacionados con la pobreza, violencia de género, falta de programas preventivos adecuados y la exclusión social.
En México, destacó, según cifras del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la SCJN, las mujeres privadas de la libertad representan el 5%o de la población penitenciaria y generalmente provienen de niveles socioeconómicos bajos o muy bajos y de hogares violentos y desintegrados, cuyos miembros en el 30% de los casos tienen antecedentes penales.
Cerca del 51.2% de ellas ha sufrido abuso sexual, 40% ha vivido parte de sus vidas en las calles y ha ingresado al mercado laboral en forma temprana, entre los 8 y 14 años sufrieron experiencias de explotación infantil.
A su vez, 86% de las mujeres en prisión son madres, hecho que impacta de forma especial en las y los hijos.
