Policías prejubilados de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) solicitaron a la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 63 Legislatura del Congreso del Estado, integrar una comisión especial de diputados para investigar presuntos desvíos, fraude y quebranto patrimonial en perjuicio de los integrantes de las corporaciones policiales del estado.
En un documento dirigido al presidente de la Jucopo, Irineo Molina Espinoza, exigieron la investigación de desvíos y disposición ilegal de los recursos del erario público, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos y simulación de actos.
Estos hechos, dijeron, fueron cometidos por funcionarios del Gobierno del estado y ascienden a más de 700 millones de pesos, desde el año 2010 a la fecha.
Las irregularidades en la SSPO se agravaron desde el 14 de septiembre de 2014 cuando los policías estatales realizaron un paro de labores para exigir el pago de salarios, viáticos, pagos de combustible que se les debía desde el año 2012, así como la conformación de una Ley de Pensiones; para entonces, el ex secretario de Seguridad Pública, Alberto Esteva nos les había pagado desde enero de 2014.
Posteriormente firman un acuerdo en el que las autoridades estatales y el diputados locales se comprometieron a expedir la Ley de Pensiones para los policías estatales, el cual se iniciaría con 300 millones de pesos. De estos recursos, 150 millones de pesos serían destinados para la formación del Fondo de Pensiones a través de un fideicomiso y los otros 150 millones de pesos para otorgar un pago por única vez por concepto de Prima de Antigüedad.
En julio de 2015 la 62 Legislatura aprobó la creación de la Ley de Pensiones para los Integrantes de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca. A partir de esta fecha los policías iniciaron los trámites para las jubilaciones y pensiones. Y el 26 de mayo de 2016 se constituyó el Comité Técnico del Fondo de Pensiones para los Integrantes de las Instituciones Policiales de la SSPO.
Sin embargo, afirmaron que hasta la fecha no se ha constituido el Fideicomiso para el Fondo de Pensiones, pese a que se liberaron esos recursos.
Los policías también exigen que se investigue el porqué desde el año 2010 a la fecha, las cuotas de aportación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que corresponden al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal no se han depositado. Esto asciende a un quebranto de 385 millones de pesos; además, los tienen dados de alta como personal administrativo en el nivel de riesgo más bajo y los tiene dados de alta con sueldos de 2003 y 2004, “lo que constituye una afectación patrimonial a los elementos y un quebranto al erario público federal del IMSS”.
