El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Carlos Altamirano Toledo, negó que exista opacidad en el manejo de recursos para desarrollo social y humano por 9 mil 71 millones de pesos que ejerció el Gobierno del Estado de Oaxaca.
Estos recursos, aclaró, no fueron objeto de auditoría y únicamente la ASE hizo una observación referente a la necesidad de que el Gobierno cuente con indicadores para medir la eficiencia en la aplicación de estos recursos.
El auditor del estado explicó que en el Segundo Informe Trimestral de Avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2016, se hace referencia a los recursos que se aplicaron dentro del gasto programático para Desarrollo Social y Humano y que ascienden a poco más de 9 mil millones de pesos. De estos recursos, dijo, se conoce “perfectamente” en que fueron aplicados y de los cuales, alrededor de 6 mil millones de pesos se gastaron en la nómina del sistema educativo estatal que incluye los niveles básico, media superior y superior.
Lo que hace falta, afirmó, es que se agreguen en la Cuenta Pública indicadores para medir el desempeño del gasto público y eficiencia de cada peso que el gobierno invierte; es decir, que se pueda medir el grado de efectividad de los recursos públicos. Además, puntualizó que el Gobierno de Oaxaca cumplió al cien por ciento en la presentación de la cuenta pública como establecen las leyes correspondientes.
Gasto educativo
“Yo no he detectado una desviación de 9 mil millones de pesos. Creo que la información que se está usando es que hay en el informe de resultados hay una cifra de 9 mil millones que corresponden al gasto de desarrollo social; de los cuales, un poco más de 6 mil millones van para el gasto educativo, no hay tal desviación, se gastó, está en nómina, se pagó a los maestros. Esa es la información correcta.
“Lo que la nota dice es que no se especifican programas e indicadores, en eso en efecto, se está en construcción según el gobierno del estado, en un sistema de indicadores que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental”.
En en el informe del segundo trimestre de 2016, la ASE señala que el 55% de los recursos ejercidos en la entidad se destinaron a la finalidad del desarrollo social, mientras que a la finalidad de otras no clasificadas en funciones anteriores se destinaron 24%, a la finalidad gobierno el 15% y a desarrollo económico fue del 6 por ciento.
Del total de recursos ejercidos en la finalidad de desarrollo social, se devengaron 6 mil 54 millones 882 mil 973 pesos para educación, cifra que representa el 63% del gasto en esta finalidad y el 34% total ejercido por el Estado. Respecto a esta clasificación, afirma, no se especifican los programas en los cuales se ejercieron dichos recursos, así como los indicadores de los mismos, “que permita evaluar los resultados logrados con el ejercicio de dichos recursos, y así determinar si va encaminado hacia el logro de los objetivos establecidos, o en caso contrario determinar reasignaciones entre funciones en el gasto público así como en la presupuestación del mismo para el logro de mejores resultados”.
Eficiencia de las políticas públicas
Altamirano Toledo aseguró que esto no tiene efectos para la rendición de cuentas, sino se trata de implementar un mecanismo que mida la eficiencia de las políticas públicas y del gasto público: “Para mí no lo hay (opacidad). Yo doy una opinión razonablemente técnica de acuerdo a la información. La cuenta pública cumplió para nosotros con el 100 por ciento que establece la ley”.
El titular de la ASE informó además, que en las auditorías realizadas en año 2015 se realizaron observaciones por 118 millones de pesos en los recursos ejecutados principalmente por las secretarías de Infraestructura (Sinfra) y Salud, así como en Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO); de estos recursos, aún no se comprueban 44 millones de pesos.
En el primer trimestre de 2016, las observaciones ascendieron a 181 millones de pesos y faltan por aclarar 52 millones de pesos. Estas observaciones son principalmente excesos de pagos a proveedores y la falta de recuperación de recursos, entre otras.
Para mí no lo hay (opacidad). La cuenta pública cumplió para nosotros con el 100 por ciento que establece la ley
Carlos Altamirano Toledo
