CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Mayo de 2016. Aurelio Nuño aparece en el número 277 de la revista Líderes Mexicanos, posando en tres enormes fotografías desplegadas a lo largo de seis páginas, entre unos cuantos párrafos, presumiendo el éxito de la reforma educativa mientras el conflicto con la disidencia magisterial estremece el país.
Nueve meses atrás, el joven político que operó el Pacto por México y llegó a ser jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, señalado por analistas como “la voz” detrás de Enrique Peña Nieto en los primeros años de su administración, había tomado las riendas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) desplazando a Emilio Chuayffet, relegado a las sombras de la vida pública desde el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo, opositora pública de las modificaciones constitucionales.
De inmediato, vapuleados Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray –mentor de Nuño– por escándalos de enriquecimiento con favores de contratistas de gobierno, lo que se aunaba a la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán días atrás y la inconformidad social por una economía rota, con la exposición de Aurelio Nuño desde la SEP se improvisó la figura de un nuevo presidenciable que ha recorrido el país en una campaña “promocional” de la reforma educativa.
Multiplicó sus reuniones con empresarios y se hizo evidente la luna de miel entre el gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), alineado a partir de la detención de Gordillo, a pesar de haber quedado a cargo de Juan Díaz de la Torre, brazo derecho de La Maestra.
Pero el énfasis de la gestión de Nuño estaría en otra parte: aplicar la evaluación de desempeño y permanencia al magisterio, a partir de noviembre. Con esa consigna, intensificó una campaña de desprestigio contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) e hizo cotidiano un discurso de amenazas para repeler a los maestros que decidieran no someterse a la prueba, que terminaría en decenas de miles de descuentos salariales y millares de despidos (la SEP decidió no precisar la cifra a este semanario) sin derecho a liquidación, castigos contemplados en la reforma para quienes se ausentaran de las aulas para protestar contra la misma.
El garrote
El secretario de Educación coordinó, con el comisionado general de la Policía Federal, desproporcionados “operativos de seguridad” en los que miles de efectivos llegaron a duplicar el número de docentes, y advirtió que el Estado mexicano recurriría al “uso de la fuerza pública” para garantizar la aplicación de la evaluación en los estados donde la resistencia ha sido más fuerte (Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca).
A esto, a partir del mismo noviembre, la estrategia gubernamental sumó la embestida judicial en contra de maestros de la CNTE, librando durante meses decenas de órdenes de aprehensión con cargos que fueron desde el robo de libros de texto gratuitos y desvío de enormes cantidades de dinero hasta acusaciones de homicidio. De ese modo Rubén Núñez y Francisco Villalobos, dirigentes de la Sección 22 de la CNTE, fueron detenidos entre los días 11 y 12 de este mes.
Razones contra la razón de Estado
El pasado 24 de febrero Nuño recibió una carta en sus oficinas, dictada bajo el acuerdo de 300 especialistas reunidos en el Congreso Mexicano de Investigación Educativa y firmada por casi 8 mil ciudadanos, acompañada de 858 cuartillas con argumentos que refutan la reforma educativa.
Dirigida al secretario, la misiva, titulada “Por una reforma educativa necesaria y respetuosa del magisterio”, concluye
“Lo que está en juego es vital para México. No es válido que la prisa, el prejuicio o la arrogancia pongan en riesgo un proceso tan importante como es la educación de las niñas y los niños.”
Entre sus puntos centrales asienta que la reforma emprendida por el gobierno de Peña Nieto en materia educativa “carece de sustento”, se reduce a “regular” las condiciones laborales del magisterio a través de procedimientos de evaluación que, “lejos de contribuir a la mejora docente, conforman un aparato abigarrado de control y vigilancia al que son sometidos, de manera vertical y autoritaria”.
Los cientos de académicos firmantes lamentan la exclusión del magisterio en la elaboración de la reforma y, más allá, “la estigmatización” a la que han sido sometidos.
Más adelante, los expertos aseguran que la evaluación en que se basa el proyecto educativo federal es “poco confiable” y la capacitación de los evaluadores, “improvisada”.
Manuel Gil Antón, promotor del documento, dice a Proceso: “Entre los que firman están los especialistas que más saben de educación, de evaluación y de pedagogía en el país. Supimos que (Nuño) la recibió y que no estuvo de acuerdo. No se dignó a responder, pero queríamos que la SEP supiera. Y seguimos esperando respuesta”.
Especialista en sociología de la educación, el doctor Gil Antón explica que el análisis nace de la necesidad de rediscutir la reforma, fracturada desde los cimientos. “Como está, la reforma no se puede salvar porque se basa en que la única causa, y por lo tanto la única solución de los problemas educativos del país, son los maestros.
El enemigo íntimo
“El gobierno y Nuño han construido el enemigo que quieren para poder legitimar su reforma. Construyeron un culpable, que fue el magisterio, e inventaron una receta: hay que evaluarlo. Lo que decimos en la carta es que el magisterio no puede ser responsable exclusivo de las fallas en el aprendizaje, que es una reforma basada en la sospecha, el prejuicio y el control.
Y es que para Gil Antón, la reforma no tiene planteamiento educativo. “Cuando llegas a ese punto, Nuño se traba porque no hay tal. Más que un secretario de Educación, Nuño es un nuevo regente del feudo educativo del viejo PRI. Actúa como gerente, no es un intelectual, no tiene un horizonte educativo; lo que tiene es un horizonte de control, un horizonte de desprecio, clasista y racista del magisterio”.
El precio político
Al inicio de su administración al frente de la SEP, Nuño admitió que la reforma educativa también era política. Había que “retomar la rectoría del Estado sobre la educación”, dijo entonces.
Los especialistas tienen un análisis distinto: “Esta reforma nunca quiso que el Estado recuperara la rectoría de la educación, sino que esta administración recuperara la complicidad con el SNTE. Y lo logró. Meten a Elba Esther (Gordillo) a la cárcel e improvisan a Juan Díaz en su lugar, que es el que firmaba los cheques de Elba Esther, que es un pillo.
“El asunto fue recuperar un activo político que habían perdido, porque Elba Esther, con su partido (Nueva Alianza) lo vendía al mejor postor.
“Por ejemplo, ahora meten a la cárcel a (Rubén) Núñez por desvío de recursos a través de una empresa llamada ETESA, con la que se comprobó que Bernardo Quezada, el dirigente del SNTE que ahora es [soft hyphen]diputado de Nueva Alianza, se hizo multimillonario y compró propiedades en Miami. Pero a él no se le abre una investigación.
