Multas de hasta 4 millones de pesos podrían ser impuestas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a quienes incrementen de manera injustificada el agua potable durante la contingencia sanitaria por el COVID-19.
Y es que, ante la necesidad de agua y el desabasto de la misma, algunos proveedores han disparado los costos bajo argumento de escasez en el vital líquido.
La directora de la oficina de defensa de consumidores de la Profeco en Oaxaca, Lourdes Santiago Cruz, precisó que como parte del esquema de monitoreo que se lleva a cabo a nivel nacional y de manera conjunta con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), solicitaron a la autoridad municipal de Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino, Santa Cruz Xoxocotlán, San Jacinto Amilpas, entre otros municipios con permiso para la extracción y comercialización de agua potable en la zona conurbada, que presente los padrones de las empresas de este giro.
“Necesitamos saber quienes tienen permiso, cuál es su razón social para hacer visitas de verificaciones y en caso de encontrar infracciones a la ley o incrementos injustificados, realizar procedimientos administrativos. Si acreditamos estos en actas, requerimos tener todos los datos de los proveedores para darle continuidad a los procedimientos”.
Incrementos injustificados
Alertó a la población de la existencia de un mercado informal de venta de agua sobre quienes la instancia no puede actuar.
“Eso es competencia de otras instancias”, subrayó.
Santiago Cruz resaltó que en estos momentos no existen elementos para un incremento injustificado en los precios sobre todo en los que tienen que ver con la sobrevivencia, es decir con los insumos básicos como alimentos y el agua.
“No hay pretexto para los comercializadores y distribuidores de agua potable puedan realizar un incremento injustificado de los precios. Estamos en la línea de investigación para saber cuáles son estos proveedores”, destacó.
A la fecha -dijo- la Profeco ha recibido tres denuncias telefónicas a la línea 95134141 y 95134649 por incremento del agua potable, pero en ninguno de los casos éstas se han formalizado porque no fueron proporcionados datos de las empresas proveedoras como razón social y ubicación física.
En este sentido pidió a la ciudadanía a que antes de adquirir agua en pipa, se cercioren que la empresa está constituida de manera formal y esto se puede saber solicitando tiket de compra en donde contenga la razón social y el domicilio para que en caso de requerirse Profeco pueda iniciar un procedimiento administrativo.
Las sanciones pueden ir desde los 600 pesos hasta los 4 millones de pesos dependiendo de la gravedad y el daño ocasionado a las y los consumidores.
“No hay pretexto para los comercializadores y distribuidores de agua potable puedan realizar un incremento injustificado de los precios". Lourdes Santiago Cruz, directora de Profeco en Oaxaca
