El Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca (Incude Oaxaca), dependiente del gobierno estatal, despidió a 104 trabajadores durante la pandemia de COVID-19.
Según la tarjeta informativa denominada Pérdida de empleo formal ante el COVID-19, elaborada por el gobierno de la república, los trabajadores del Incude forman parte de los 1 mil 619 empleados despedidos en la entidad durante la crisis sanitaria por el coronavirus.
El instituto a cargo de Montserrat de los Ángeles Aragón, de acuerdo al portal de transparencia de la dependencia, contaba con 119 trabajadores de base, confianza y contrato al 1 de enero del 2020, por lo que los despidos representan 87.4% de su plantilla laboral.
Los empleos perdidos son resultado del recuento que realiza cada mes el IMSS, por lo que son empleos formales cuyos trabajadores contaban con seguridad social.
Para el ejercicio fiscal 2020, la 64 Legislatura estatal aprobó un presupuesto al Incude de 59 millones 100 mil 353 pesos con 87 centavos, mismo que fue insuficiente para mantener en sus empleos a 104 personas, en momentos en que el país padece las consecuencias del COVID-19.
El estudio subraya que los trabajadores que fueron separados de sus empleos ya no tienen acceso a servicios de salud del IMSS al no cumplir con el requisito de 8 semanas previas de cotización.
Además, pierden su ingreso familiar y acceso a incapacidades que les permitan contar con recursos durante el tiempo en que recuperan su salud, así como el derecho a pensiones por fallecimiento del trabajador y la consecuente protección del núcleo familiar.
También pierden el cuidado de sus hijos en guarderías y los servicios de salud para ellos y sus familias, salvo aquellos trabajadores que hayan estado registrados 8 semanas consecutivas previas a su baja, que en el mejor de los casos contaran con 8 semanas de servicio de salud.
Subraya que en un escenario de pandemia, la falta de acceso a la seguridad social se vuelve crítica, dado que limita la protección al trabajador y su núcleo familiar a sólo acceso a salud y presiona los servicios y presupuestos públicos de salud asignados a la población abierta.
