El robo de identidad, problema que se manifiesta sobre todo en el sector financiero, así como la duplicidad y los padrones falsos de programas sociales, obligan al gobierno a considerar contar con la información biométrica de huellas digitales, rostro e iris de todos los mexicanos.
La Secretaría de Gobernación (Segob) analiza adquirir licencias de un software especializado en esos tres datos biométricos y equipamiento para cumplir con el nivel de procesamiento y almacenamiento de información, arroja un informe clasificado como reservado y cuya fecha de desclasificación es el 29 de octubre de 2024, mismo que está en poder de EL UNIVERSAL.
Estos datos se vincularán a la Clave Única de Registro de Población (CURP) para conformar la base definitiva del Registro Nacional de Población (Renapo), pues la identidad de al menos 117 millones de mexicanos que no tienen registro biométrico está en riesgo “todos los días del año, en cualquier lugar y bajo las situaciones menos sospechadas”.
De acuerdo con previsiones del Consejo Nacional de Población (Conapo) para el inicio de 2020, en el país coexisten 127 millones 192 mil mexicanos.
La Segob señala que, hasta ahora, el Estado mexicano “nunca ha podido atender y hacer cumplir la ley, por lo que no ha podido brindarle a toda su población la certeza mínima y necesaria de que no le roben lo más importante que tiene después de la vida: su propia identidad”.
El documento también dice que se reconocen debilidades del sistema que acredita fehacientemente la identidad de las personas.
Por ejemplo, se dispone de información con “calidad deficiente por fallas en la captura, desactualización de las bases de datos, multiplicidad de errores de registros y carencia de uniformidad en la captación de datos por parte de las entidades registradoras”.
Además, detecta la falta de políticas y procesos estandarizados y homologados para la captación, por lo que frecuentemente se encuentran documentos con errores de origen o en la asignación de la CURP, malas prácticas en el tema registral y resistencia de ciertas dependencias a compartir información.
Asimismo, se enfrenta la falta de herramientas tecnológicas de validación de registro de personas, porque se trabaja con tecnologías obsoletas e inadecuadas.
La Secretaría de Gobernación estima que con los equipos solicitados, cuyo costo asciende a 600.7 millones de pesos, en el primer año puede obtener las identidades biométricas de 50 millones de mexicanos; en el segundo, 30 millones, y en el tercero, otros 20 millones.
“Conforme a la estrategia que se implemente para la captación de registros, se podrían sumar por lo menos otros 20 millones de identidades en un cuarto año”, plantea.
Explica que, a partir del segundo año, el país puede tener en operación el servicio nacional de identificación personal, proyecto con el que se habilitarán tres servicios: registro de identidad, verificación de identidad e identificación de identidad, los cuales son indispensables para mejorar el servicio del Renapo, de manera que hacia 2023 puede tenerse la identificación biométrica de 120 millones de mexicanos.
Esto facilitaría las diversas operaciones cotidianas entre sectores público y privado mediante la identidad biométrica como apertura de cuentas bancarias, transferencias, compras, inscripciones a padrones, entre otros.
La Segob advierte entre los posibles riesgos que pueden frenar el proyecto a las decisiones políticas que no permitan realizar la inversión o concretar el plan, no contar con servicios de cómputo y almacenamiento necesario para recibir la información biométrica y no tener el personal suficiente para operar el proyecto de inversión.
Problemática compleja
“Actualmente el sistema cuenta con información de fotografía, iris y huellas dactilares de 10 millones 100 mil 578 personas (niños y adultos con vinculación CURP), información que fue entregada por dependencias de la Administración Pública Federal como el IMSS, ISSSTE y el Seguro Popular”, destaca la Segob.
La secretaría estima que al cierre de 2019 había 117 millones 114 mil 726 personas sin CURP con información biométrica, datos necesarios para la unicidad de los registros de población nacional.
Los efectos directos e indirectos de no contar con los datos biométricos de la población son que “no se logra tener certeza en la identidad de las personas abriendo espacios para el acceso indebido a beneficios en trámites y servicios a personas que no tienen derecho, afectando a quien si lo tiene, generando pérdidas millonarias y permitiendo la existencia de personas con múltiples identidades que cometen delitos con impunidad, así como la indefensión de grupos vulnerables como robo de infantes, trata de personas, evasión fiscal, falsificación de documentos, fraude y suplantación de identidad, entre otros”.
En el ámbito judicial, dice que con las nuevas tecnologías se han incrementado los delitos de falsificación y robo de identidad, que afectan el patrimonio de las personas y el clima de negocios de las empresas.
El documento avalado por el director adjunto de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad, Armando Robinson Álamo, con fecha del 23 de octubre de 2019, refiere que la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reportó 67 mil 401 reclamaciones por posible robo de identidad en 2018.
Además, nueve de cada 100 fraudes se dan por un posible robo de identidad, por causas como apertura de cuentas no solicitadas ni autorizadas, crédito no reconocido en el historial crediticio, crédito otorgado sin ser solicitado ni autorizado, emisión de tarjeta sin solicitud y disposición en efectivo en ventanilla o sucursal no reconocida.
El monto reclamado en 2018 ascendió a 2 mil 288 millones de pesos, de los cuales los bancos abonaron 49.1% de lo reclamado, equivalente a mil 21 millones de pesos.
Con relación a la usurpación de identidad, México ocupa el octavo lugar a escala mundial en incidencia de este delito.
ROBO DE IDENTIDAD SE DISPARA 60%: CONDUSEF
En el primer trimestre del año, las reclamaciones por posibles fraudes realizados a través de robo de identidad se dispararon 60% en comparación con el mismo periodo de 2018, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef).
De acuerdo con el organismo, de enero a marzo de este año se presentaron 29 mil 839 reclamaciones por ese concepto, contra 18 mil 748 registradas en el mismo lapso del año pasado.
Los usuarios afectados reclamaron ante la Condusef 297 millones de pesos, de los cuales han sido abonados apenas 93 millones a los clientes perjudicados.
Por institución, Invex Banco alcanzó 14 mil 594 quejas por posible robo de identidad, seguido de CitiBanamex, con 5 mil 692, y Banco Azteca, con 3 mil 848.
En cuarto lugar se ubicó BBVA Bancomer, con mil 541 quejas; le siguen HSBC, con mil 142, y Santander, con 710 reclamaciones.
EL UNIVERSAL dio a conocer casos de robo de identidad en los que, a partir de información de un usuario obtenida de forma irregular, es posible comprar un vehículo a su nombre y provocarle un daño en sus finanzas.
Basura, puerta de entrada. El director del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero, dijo que en el robo de identidad persiste una práctica detectada hace más de 20 años, en la que grupos delictivos revisaban la basura para obtener información y cometer un fraude.
“Actualmente, el robo de identidad todavía ocurre en la basura, en los lugares de consumo público, en los centros corporativos relativamente serios y también sucede porque, ocasionalmente, hay infiltración en corporativos.
“Sí hay vulnerabilidad y el robo de identidad está presente en todos los espacios”, aseguró.
El funcionario resaltó que el hurto de documentos personales tiene en muchos casos el objetivo de causar un daño patrimonial a las víctimas, con el objetivo de robar información básica para tramitar créditos ante instituciones financieras.
“En el robo de casa-habitación y de cartera te están quitando lo material inmediato, pero también te están robando tu identidad, que trabajada con inteligencia criminal va a permitir que haya un daño patrimonial mucho mayor, hasta tres veces superior a las afectaciones materiales inmediatas”, mencionó.
En agosto de 2016, la Asociación de Bancos de México, el Instituto Nacional Electoral, la entonces Procuraduría General de la República, el Servicio de Administración Tributaria y varias instancias integrantes del sector financiero firmaron las bases de colaboración para prevenir el delito de robo de identidad.
Además, los bancos deberán aplicar de manera general este año controles biométricos, principalmente lectores de huellas dactilares para cotejar con la base de datos del Instituto Nacional Electoral la Identidad de un usuario que busque acceder a un crédito, así como abrir cuentas bancarias.
TAMAULIPAS CREA BANCO DE DATOS BIOMÉTRICOS
Tamaulipas será el primer estado del país que cuente con un banco de datos biométricos de las personas albergadas en los 94 centros asistenciales.
La información biométrica consiste en escaneo de iris, fotografía con rasgos faciales y huellas dactilares que van a alimentar una base de datos que se va a sistematizar y en su momento será cotejada con otras bases de datos de autoridades estatales y federales.
La directora del Sistema DIF estatal, Omeheira López Reyna, explicó que recientemente tuvieron una historia exitosa, al identificar a una joven que estaba desaparecida desde hace 12 años. “La persona de 36 años fue encontrada en condiciones de indigencia, se le dio todo el tratamiento médico y, en coordinación con la Fiscalía de Búsqueda de Personas, pedimos que hicieran la búsqueda nacional y se ubicó a familiares”, relató.
López Reyna destacó el trabajo coordinado con la Fiscalía para la Búsqueda de Personas, sobre todo, en el tema de niñas, niños y adolescentes y el de migrantes, “ha dado grandes resultados”.
Aseguró que fue así como nació el interés a través de esta estrategia de acelerar y mejorar el mecanismo que ampliará el horizonte de rastreo de personas no localizadas.
Comentó que el programa se extenderá a todos los centros asistenciales que se tienen registrados y ubicados en 18 municipios que alojan a 2 mil 556 personas.
Agregó que, en el caso de menores migrantes, “nos ha sido de gran éxito porque hemos podido localizar a menores de otras partes del país y hacer el estado inmediato como la ley nos lo marca”.
La fiscal Especializada en Personas No Localizadas, Elizabeth Almanza Ávalos, celebró que el DIF estatal se involucre en este esfuerzo.
“En este caso vamos más allá, el poder biometrizar, poder identificar a todas las personas que están en los centros asistenciales, considero que nos va a dar bastante información que podamos confrontar con el registro que tenemos en las fiscalías en la búsqueda de personas desaparecidas”, explicó.
Mencionó que la información será compartida con base de datos de la Federación y los estados.
El comisionado estatal de Búsqueda de Personas, Jorge Ernesto García Espinoza, resaltó que la biometrización en centros asistenciales se da en virtud de se tiene detectadas a personas en los centros asistenciales a las que el propio Estado les otorgó una identidad.
