Sin notificar a las autoridades municipales y agrarias de San Juan Chicomezúchil y Guelatao de Juárez, ni expropiar las tierras comunales afectadas por la obra, una empresa contratada por la SCT construye un nuevo puente de concreto sobre el río Grande.
Incluso, la dependencia tampoco ha proporcionado información sobre las características del proyecto, a pesar de haberse solicitado por escrito en dos ocasiones.
“Las autoridades y los comuneros de las comunidades donde se construye la obra, que resultamos afectados, no nos han informado nada sobre este proyecto”, afirmó Jerónimo Zenteno Juárez, comunero de San Juan Chicomezúchil.
Expuso que la empresa constructora Ingeniería y Logística Nacional Garjimex, S. A. de C. V., comenzó la obra en mayo pasado, a pesar de estar en operación y en servicio otro puente desde los años 90.
Subrayó que la construcción no fue priorizada, ni concertada con las autoridades municipales, porque el actual puente está en buenas condiciones.
“No existe alguna razón de ser para un nuevo puente”, remarcó.
Mencionó que el puente carece de estudio técnico, porque superará el cauce del río Grande y caerá en una superficie mayor de tierra debido a sus dimensiones de 38 metros de largo por 10 metros de ancho.
Observó que la amplitud del nuevo puente, según personal de la empresa constructora, obedece a evitar avenidas repentinas en época de lluvias; sin embargo, su estructura es demasiado baja.
Destacó que el nuevo puente originará un cuello de botella del lado de Guelatao porque solamente modificaron el cauce a su paso por San Juan Chicomezúchil, para atender una eventual avenida.
“Toda el agua, al pasar el puente, se concentrará en las tierras de Guelatao, en vez de dar paso a la avenida sobre el río Grande”, señaló.
Resaltó que la compañía constructora modificó el cauce del río Grande en una superficie de cuatro mil 312 metros cuadrados con certificado parcelario comunal del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos.
A causa de esto, subrayó que se interpuso una demanda penal por los daños y perjuicios ocasionados a esa extensión y un juicio de amparo en el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, para suspender la construcción del nuevo puente.
