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Sin justicia, ni paz ni desarrollo: Villanueva Abraján

Foto(s): Cortesía
Luis Ignacio Velásquez

Siempre es posible mejorar la justicia, y es loable, porque ello redundará en beneficio de todos sin excepción, pues sin justicia no hay paz social, ni desarrollo, ni libertad. Así lo afirmó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, magistrada María Eugenia Villanueva Abraján, al rendir su informe anual de actividades.


En presencia del gobernador, Alejandro Murat; la presidenta estatal del DIF, Ivette Morán; el presidente de la mesa directiva de la 64 legislatura, Jorge Octavio Villacaña; el representante de la Secretaría de Gobernación, Emilio de Jesús Saldaña Hernández; el comandante de la 28va. Zona Militar, Jaime González Ávalos; legisladores locales y jueces, entre otros, subrayó además que el Estado de Derecho constituye la columna vertebral puesta al servicio de la democracia.


Manifestó que la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia va ligada a la eficacia del  Poder Judicial del estado: “Por fortuna, contamos con una planta de magistradas, magistrados, juezas y jueces, así como personal administrativo con espíritu de servicio institucional, en la que todos estamos conscientes de la trascendencia del trabajo que realizamos en nuestra tarea diaria, poniendo todo nuestro esfuerzo para lograr mejores resultados en beneficio de la sociedad y con ello lograr consolidar la confianza  de nuestra Institución”.


En el auditorio del Tribunal Superior de Justicia, en Ciudad Judicial, expresó que el siglo en que vivimos es un tiempo de renovación, en el que, sin cambiar el concepto tradicional y natural de lo que es justo o injusto, hay que ir hacia una forma más abierta en la aplicación e  interpretación de las normas legales, acordes a la realidad social del hombre de hoy, que clama y reclama justicia, lo que sólo se logra con juezas y jueces garantes y custodios del Estado de Derecho.


“Al cumplir un año como presidenta del Poder Judicial del Estado, hemos luchado por mantener la estabilidad, procurando la integración, escuchando a todas las voces”.



Dijo que durante la presente gestión, con la entrega solidaria de todas y todos, se han desarrollado diversas actividades que contienen lineamientos claros en la búsqueda del fortalecimiento de la administración y el acceso a la justicia, encaminadas a lograr la confianza de los oaxaqueños.


“En ese sentir, acrecentar la cultura de los derechos humanos como herramienta básica de trabajo, destacando la significación y trascendencia que en el desarrollo de las instituciones tiene el respeto a la dignidad humana, ha sido piedra angular en la gestión que presido, por ser elemento toral para lograr una auténtica paz social; en especial hoy día, cuando las comunidades, estados y países plantean nuevas formas para alcanzar sistemas más justos y equitativos”.


Señaló que la realidad exige de la institución encargada de administrar justicia, una transformación intensa, permanente y decisiva; necesaria para dar respuesta a las demandas ciudadanas de justicia, y eso solo se logra a través de la construcción de sinergias con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en un marco de respeto irrestricto a sus decisiones.


“Existe camino por recorrer, la Judicatura local sigue alzando la voz en foros locales y nacionales, para consolidar el ideal del constituyente, de contar en el Poder Judicial, con autonomía presupuestal, administrativa y jurisdiccional. Ello le permitirá hacer frente a los grandes pendientes como: la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio; la creación de juzgados especializados que coadyuven a reducir el rezago; atender el reto de la nueva reforma en materia laboral; fortalecer áreas fundamentales para brindar un acceso a la justicia cercana y tangible como lo mandata nuestra Ley Suprema, procurando los medios para dignificar los sueldos de nuestras y nuestros juzgadores”.


Manifestó que día con día los oaxaqueños renovamos la fe en las instituciones que nos dan vida como estado democrático y pugnamos por ampliar los cauces legales que permitan el disfrute de las garantías consagradas en nuestra Constitución y las leyes que de ella emanan.

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