Naciones Unidas abrió este viernes una investigación a Venezuela por los atropellos del régimen de Nicolás Maduro. El Consejo de Derechos Humanos aprobó la creación de una “misión internacional independiente de determinación de los hechos” cuyo propósito es realizar una indagación a fondo de “las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”.
Esta comisión deberá trabajar durante un año “con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. La resolución, la primera de estas características en América Latina, salió adelante con 19 votos a favor, entre ellos el de España, y 21 abstenciones. Siete países, encabezados por China y Cuba, se opusieron a la iniciativa. La medida fue adoptada en Ginebra a raíz de una propuesta formulada por el Grupo de Lima, integrado por una docena de Gobiernos americanos.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU insta, además, “a las autoridades venezolanas a que cooperen plenamente con la misión de determinación de los hechos, le brinden acceso inmediato, completo y sin trabas a todo el territorio del país, así como a las víctimas y lugares de detención y le faciliten toda la información necesaria para el desempeño de su mandato”. En definitiva, se trata de un pronunciamiento que busca allanar el camino a las investigaciones independientes de lo que ocurre en Venezuela. El país lacerado por una profunda crisis social y política, se encuentra sumergido en un impasse institucional desde que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, lanzara el pasado enero un desafío a Maduro tratando de forzar su renuncia, la apertura de una etapa de transición y la convocatoria de elecciones libres.
Naciones Unidas exige que el Gobierno colabore con el sistema de derechos humanos de la organización y que coopere con la alta comisionada, Michelle Bachelet. El informe de su oficina, publicado en julio tras su visita a Caracas, denunció graves violaciones de derechos económicos, civiles y políticos y puso negro sobre blanco unas cifras demoledoras de muertos atribuidos a los abusos de las fuerzas de seguridad: casi 5.300 solo el año pasado. El régimen refutó el dossier, pero el pasado martes accedió a firmar un memorando de entendimiento con la alta comisionada que abre la puerta a la apertura de una delegación en Caracas.
Esta nueva resolución, que aumenta la presión internacional sobre el chavismo, fue recibida por la oposición como una victoria. Sin embargo, queda por ver su recorrido, ya que cabe esperar que Maduro oponga resistencia. Su Gobierno destacó más bien otro pronunciamiento del Consejo de Derechos Humanos, que el jueves expresó su preocupación por las sanciones impuestas por las principales instancias internacionales, con Washington a la cabeza. Estas “medidas coercitivas extraterritoriales unilaterales han agravado todavía más los efectos de la crisis económica y, en consecuencia, la situación humanitaria del pueblo venezolano”, mantuvo. La ONU defiende una salida “pacífica, democrática y constitucional” a la crisis y rechaza la “injerencia militar, de fuerzas de seguridad o de servicios de inteligencia extranjeros”.
ONU exige a Maduro detener las “graves violaciones de derechos”
Graves violaciones de los derechos económicos, sociales, civiles y políticos. Violencia y abusos policiales. Una cifra aterradora de muertes, 5.287 solo en 2018, atribuidas a la "resistencia a la autoridad". Una migración sin freno. En definitiva, un deterioro profundo de la democracia. Son algunas de las conclusiones del demoledor informe de la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos elaborado tras la visita de Michelle Bachelet a Venezuela. El estudio, conocido este jueves, insta al Gobierno de Nicolás Maduro a "adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones" que asfixian a millones de personas. De lo contrario, advierte, "continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país y empeoran las condiciones de vida de quienes permanecen en él". El Ejecutivo rechazó el informe, que pide el desmantelamiento de las fuerzas especiales de la policía conocidas como FAES y de los colectivos armados, y presentó 70 alegaciones.
Según Naciones Unidas, que se basó en 558 entrevistas con víctimas y testigos directos, el chavismo "ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo". A la crisis de la separación de poderes se añade una emergencia económica que el informe atribuye abiertamente no solo a la imparable hiperinflación sino también a "las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década", que han acabado por debilitar los sistemas de producción. Pero las observaciones de la oficina son especialmente duras en relación con la actuación de los cuerpos de seguridad y las fuerzas especiales de la Policía Bolivariana.
LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
"Las FAES, una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen organizado, han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el CICPC [la policía científica]. Los servicios de inteligencia (el SEBIN y la DGCIM, la contrainteligencia militar) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as, políticos/as y de sus familiares", señala el texto. Estos procedimientos se enmarcan, además, en un contexto en el que los grupos de choque del chavismo, los llamados colectivos armados, "contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia".
La alta comisionada recoge denuncias de esas ejecuciones, detenciones arbitrarias y persecución a los opositores. Presenta la cifra de 5.287 muertes, según el Gobierno de Maduro por “resistencia a la autoridad”, en el curso de esas operaciones de las FAES en 2018 y de las otras 1.569 asesinadas entre enero y mayo de este año. También destaca que un mes antes de su visita había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.
