Guerrero, Oaxaca y Chihuahua son los estados del país más peligrosos para ejercer la defensa de derechos humanos.
De acuerdo con el informe Desde la Memoria… la esperanza, elaborado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, que fue presentado ayer por organizaciones civiles de Oaxaca, adheridas a ese colectivo, en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, fueron asesinadas de manera impune 161 personas defensoras y 40 periodistas entre diciembre de 2012 y noviembre de 2018.
Esto demuestra de manera contundente que el sexenio “fue letal para las voces disidentes, datos dolorosos, que se vuelven vidas desgarradas para un país que se ostenta democrático y que oficialmente, no se encuentra en guerra”.
Además, se deja constancia clara de la impunidad que el Estado ha ofrecido a estas víctimas, porque según solicitudes de información hechas a procuradurías o fiscalías, solamente el 3 por ciento de los casos de personas defensoras asesinadas se encuentran judicializados.
Por lo menos, 42 de 159 personas defensoras de derechos humanos asesinadas pertenecían a un pueblo indígena, entre los que se encuentran el yaqui, el rarámuri, wixarika, el purépecha, el nahua, el zapoteco, el mixe, el mixteco, el tzotzil y el triqui.
De acuerdo con esto, los estados más peligrosos para defender los derechos humanos son Guerrero (28 por ciento de los casos), Oaxaca (20 por ciento) y Chihuahua (11 por ciento).
Así, el saldo de este sexenio fue de más de 37 mil personas desaparecidas y casi 120 mil asesinadas, ocho feminicidios diarios, una crisis migratoria sin precedentes, más de 500 conflictos socioambientales, así como casos emblemáticos de violaciones graves de derechos humanos, entre estos Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochixtlán, y de corrupción en las altas esferas de gobierno, como los casos de la Casa Blanca, Odebrecht y la estafa maestra.
