El ex preso político Juan Sosa Maldonado, a quien el Estado mexicano encarceló por supuestamente pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador crear una Comisión de la Verdad para investigar la represión desatada por los gobiernos federal y estatal a mediados de la década de los 90 en San Agustín Loxicha.
En una carta enviada desde Europa, donde se encuentra desde el 2013, después de sufrir un atentado a balazos, sostuvo que los indígenas zapotecos de esa municipalidad fueron objeto de la más “despiadada represión” policial y militar ordenada por los entonces gobernador y presidente, Diódoro Carrasco Altamirano y Ernesto Zedillo, durante una supuesta persecución del grupo armado.
Esa violencia –asentó–, provocó más de 300 ejecuciones extrajudiciales, más de 500 presos políticos y de conciencia, decenas de personas desaparecidas y posteriormente presentadas en prisión, así como la tortura física y psicológica, como el peor método utilizado para la fabricación de expedientes judiciales.
Además, subrayó que la militarización y la paramilitarización en las comunidades generaron también el desplazamiento forzado y el exilio forzado dentro y fuera del país de decenas indígenas de San Agustín Loxicha, como única opción para sobrevivir.
De este modo, demandó una Comisión de la Verdad, teniendo como antecedente el Informe Especial: Caso de la Región Loxicha, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el año 2003.
“Los miles de casos de represión y violación sistemática de derechos humanos son innumerables, para muestra está el caso Loxicha”, recalcó.
También, reclamó la revisión de casos de ex presos, presos y perseguidos de San Agustín Loxicha y el reconocimiento político y jurídico de la condición de desplazados por la violencia política y de refugiados a causa de esta guerra contra quienes buscan mejores condiciones de vida para el pueblo de México.
Así como, el reconocimiento a su condición de defensores de derechos humanos y su participación para lograr la paz en México, garantizando primeramente los derechos humanos de las víctimas.
Además, requirió aplicar un plan para atender a las víctimas en el exterior con acciones y mecanismos para lograr su retorno con garantías, digno, seguro y voluntario.
“Hablar de abordar de manera integral los rubros de memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, implica ir más allá de la verdad jurídica, implica poner un alto a la simulación de una política de respeto a los derechos humanos”, señal
