El Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de los pueblos indígenas que puedan ser afectados por los megaproyectos, pero las empresas tiene que contar con una cultura proactiva para prevenir afectaciones a los derechos de las personas, de acuerdo con la normatividad internacional, afirmó el asesor de la relatoría especial sobre derechos económicos, sociales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), doctor Humberto Cantú Rivera.
Al impartir la conferencia magistral “El papel de las empresas ante los derechos de los pueblos y comunidades indígenas”, subrayó que el Estado no sólo es responsable de lo que haga o deje de hacer directamente, “sino también por lo que no haya prevenido por parte de actores privados”.
Manifestó que esto implica para las autoridades contar con un marco jurídico adecuado y efectivo para poder exigir a las empresas particulares que cumplan con ciertos estándares de derechos.
Añadió que el Estado debe contar con mecanismos de fiscalización efectivos para revisar que en realidad lo que hagan las empresas sea acorde al marco jurídico aplicable en el derecho interno; y contar con mecanismos efectivos de reparación, “lo cual implica eminentemente que los mecanismos judiciales sean efectivos para garantizar que cualquier afectación pueda ser reparada en materia civil, administrativa o penal, o incluso, en el caso de México, en materia de Amparo”.
Dijo que también se habla de otro tipo de mecanismos como los no jurisdiccionales; es decir, la labor que desarrollan la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre algunas otras entidades.
Manifestó que actualmente se cuenta con un marco jurídico de obligaciones. “El Estado tiene que cumplir con todo esto si quiere evitar ver comprometida su responsabilidad, lo que nos lleva a un contexto distinto en el que el Estado tiene una carga bastante pesada que cumplir para poder garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos”.
Cantú Rivera comentó que ya se ha reconocido que hay una responsabilidad empresarial en materia de derechos humanos, “que no es similar a la del Estado, que es distinta, pero que tiene que ser tomada en cuenta y desarrollar, incluso, de forma independiente”.
“El Estado puede no tener un marco jurídico apropiado, pero aun así la empresa por su propio beneficio económico debe tener esta iniciativa de prevenir impactos en derechos humanos por varios motivos, pero principalmente porque es más sostenible para la empresa trabajar con una ideología de prevención de riesgos y, también, porque necesita, sobre todo en cierto tipo de contextos, una relación sana con la comunidad en la que opera, este famoso concepto de licencia social que deben tener las empresas”.
Explicó que los megaproyectos no son solo las industrias extractivas, que afectan usualmente a las personas en el territorio, lo que puede generar una carga de obligación bastante fuerte para el Estado. “Hay otros tipos de proyectos que no están ligados a industria y que también pueden generar este tipo de afectaciones, como el caso del turismo o el mundial de fútbol, por lo que tiene que trabajarse con anticipación para tratar de evitar estas afectaciones a los derechos de las personas”.
Sostuvo que las primeras afectaciones que se dan es a los derechos económicos, sociales y culturales, como el medio ambiente sano; así como la salud, vivienda, educación, el agua y la libertad de expresión, por ejemplo.
