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Protesta de defraudados por cajas en Pochutla, Oaxaca

Foto(s): Cortesía
Redacción

SAN PEDRO POCHUTLA.- Decenas de ahorradores defraudados por las extintas cajas de ahorro Corporativo Azteca y Corporativo Tres Mixtecas se manifestaron ayer en la sede del Juzgado Mixto de Primera Instancia de este lugar, para solicitar una audiencia con el titular del Juzgado y tener un acercamiento con dos de los imputados que este jueves llegarían para solicitar se les otorgue el recurso de revisión de medida cautelar para obtener su libertad bajo caución.


A ocho años de que se iniciara el proceso judicial contra Joaquín Cuauhtémoc Salazar Bautista, ex presidente del Consejo de Administración del Corporativo Azteca, a quien se le acusa de defraudar con más de 50 millones de pesos a 600 ahorradores principalmente de la Costa y Mixteca, y luego de la detención de cuatro implicados más; este día Micaela Vicente Sánchez y Joaquín Ofir Salazar Sánchez, esposa e hijo de Cuauhtémoc, llegarían hasta el Juzgado para continuar con sus diligencias en busca de su liberación, pero ante la manifestación de los afectados abortaron su audiencia.


Negligencia y omisión de autoridades


Encabezados por Edith Santibáñez Bohórquez, representante jurídica, los inconformes de municipios como Santo Domingo de Morelos, San Agustín Loxicha, Pochutla, Huatulco, Tonameca, Candelaria y Puerto Escondido, se apostaron de manera pacífica con pancartas a las afueras del Juzgado para exigir un alto a la negligencia y omisión de parte de autoridades en el caso del fraude cometido en su contra y solicitar que se estudien y resuelvan los poco más de 600 procesos penales en manos del poder judicial del estado.


“Los afectados están cansados de la omisión, de la nula atención, del abuso de autoridad y negligencia por parte de los servidores del Juzgado Mixto de Primera Instancia. Los procesos penales están radicados desde el 2010 y pareciera que para los pobres, no hay justicia”, explicó la defensora.


Justicia de lado de los imputados


La también abogada de la Sección 22 del Sindicato de Trabajadores de la Educación explicó que a pesar de lo complicado que ha resultado que la Fiscalía del Estado ejecute las órdenes de aprehensión contra los demás implicados, la justicia no ha sido aplicada de forma plena.


Observó el caso de una sentencia absolutoria viciada y comprometida con el juez en turno, a favor de Cuauhtémoc Salazar, que retrasó el proceso penal en su contra, y de forma particular, señaló que los juzgadores ahora pretenden hacer valer el recurso de revisión de medida cautelar para que la esposa e hijo del primero obtengan su libertad bajo caución.


Fipago, sin avances


En cuanto al Fideicomiso Pago (Fipago), mecanismo federal a través del cual los ahorradores podrían recuperar el 70 por ciento de los montos defraudados a través de una mezcla del 40 por ciento de recursos federales y 30 del gobierno estatal; Santibáñez Bohórquez lamentó que aunque el gobierno federal ha mostrado la disponibilidad para aportar lo correspondiente a seis millones 730 mil, 877 pesos, el gobierno encabezado por Alejandro Murat Hinojosa no da señales de estar interesado en aportar los cinco millones 48 mil 158 pesos que le tocan.


Luego de que el Juzgado Mixto se mantuvo cerrado durante cinco horas, alrededor de las 13:00 horas se apersonó Salvador Zárate Poblete, Juez en turno, para dialogar con los inconformes, sin embargo, no hubo avances en las demandas expuestas por los defraudados.

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