La contratación de trabajadores que por tiempo determinado ha realizado los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) es un acto ilegal, que infunde miedo y vulnera la estabilidad laboral.
Así lo advierte el abogado laborista y catedrático de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Héctor Lorenzo Estrada.
Su afirmación la sustentó en un reciente acuerdo que como parte del expediente 284/2015 (4) emitió la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), el cual está pendiente de ejecutarse para que a 25 trabajadores eventuales se les garantice su estabilidad laboral.
Como “un absurdo”, calificó que por años trabajadores firmen de manera continua contratos laborales por tiempos determinados, además de que son la vía para “infundir miedo y condicionar” su renovación al cumplimiento de ciertos requisitos de competitividad.
Así, los SSO ha evitado el pago de aportaciones sociales, entre estas, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al Fondo de Vivienda del mismo (Fovissste), aguinaldo o vacaciones.
En su opinión, la falta de renovación de contratos que ha ocurrido en este mes con 2 mil 300 trabajadores del sector salud representa “un despido injustificado” que debería implicar demandas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y un Juzgado de Distrito a nivel Federal.
Entrevistado, a propósito de que autoridades estatales y federales junto con dirigentes sindicales iniciarían la revisión de 2 mil 300 contratos que no han sido renovados y que sustenta el paro parcial que inició en la sunidades el 16 de enero, Lorenzo Estrada consideró que tal situación “atentan contra su derecho a un trabajo digno y la percepción de un salario”.
Por la vía legal
Esa es una situación “impugnable y defendible” e incluso, aunque les paguen los dias ya trabajados y les renueven su contrato, tendrán que demandar.
“Están viviendo en la incertidumbre e ilegalidad laboral, no van a tener la estabilidad laboral hasta que gocen de las condiciones generales que celebra el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSA)”, afirmó.
Si en los últimos diez años SSO utilizó de manera ilegal 4 mil 200 millones de aportaciones de trabajadores para pagar salarios, es “un fraude que debe ser investigado por la Fiscalía General del Estado e inclusive a la Procuraduría General de la República”, además de que ese tipo de “errores y la falta de dinero se debe a la mala administración de los SSO”.
Saber si por esos hechos dicha Fiscalía ha iniciado alguna carpeta de investigación en estos momentos se considera “información cerrada”, por las investigaciones que su área de comunicación asegura se realizan en torno al tema.
