SAN PEDRO POCHUTLA.- Integrantes del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi), tomaron desde la mañana de este jueves las oficinas de la Delegación Fiscal, Fiscalía local de San Pedro Pochutla y Juzgado de Control de Puerto Escondido, en protesta por la falta de cumplimiento del gobierno estatal en la entrega de recursos para vivienda, así como para demandar un proceso justo en el caso de dos adherentes que purgan una condena por un delito que, aducen, no cometieron.
Desde las 10:00 horas una representación de Codedi ocupó las referidas oficinas gubernamentales, tomando por sorpresa a empleados que en ese momento laboraban. Al interior de la Delegación Fiscal quedaron cinco trabajadores; 12 en la Fiscalía y 10 más en el Juzgado.
Incumple gobierno recursos para viviendas
Según Cristóbal Ramírez Cruz, vocero de la organización, la protesta deriva de una serie de omisiones de parte de autoridades estatales, quienes se comprometieron a entregar recursos a través de la Comisión Estatal de Vivienda (CEVI) para la edificación de alrededor de 700 casas para agremiados de la Costa, Sierra Sur, Istmo y Valles Centrales, sin que ello ocurriera.
Explicó que, con base en el acuerdo, Codedi abrió líneas de crédito con empresas materialistas y se construyeron las viviendas, pero ahora el gobierno se niega a cubrir los adeudos adquiridos, lo que derivó en la protesta de este jueves.
“Los proyectos de vivienda se aterrizaron en las comunidades, sin embargo el gobierno no ha liberado recursos; está destinando esos recursos para las épocas electorales que ya se acercan, dejando de lado a los pueblos, quienes estuvieron trabajando muy duro para construir sus viviendas”, afirmó Ramírez Cruz.
Podría escalar protesta
Los inconformes afirmaron que de no ser cumplidas sus exigencias en las próximas horas, mantendrán la protesta, y más aún, podrían radicalizar sus acciones con movilizaciones en la región y posteriormente en toda la entidad.
El vocero de Codedi insistió en la demanda de que sus compañeros Rutilio y Aurelio Cortés Cruz, originarios de la comunidad Charco de Agua, Tonameca, cuenten con un proceso justo y apegado a la legalidad, pues a dos años de haber sido detenidos por el delito de homicidio y en medio de inconsistencias en el juicio, recibieron una condena de 30 años por un delito, que asegura, no cometieron.
En el mismo tenor, los quejosos exigieron la renuncia del Fiscal de Pochutla, Luis Armando Martínez Ramírez por evadir una revisión exhaustiva del caso y su debido esclarecimiento.
