En un año de trabajo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas, mil 443 autoridades fueron demandadas, principalmente por asuntos administrativos y sólo el 7 por ciento de carácter fiscal.
De esas demandas 729 involucran principalmente a autoridades de 12 municipios, como Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino, Huajuapan de León, Santa Cruz Xoxocotlan, San Juan Bautista Tuxtepec y La Villa de Zaachila.
Así lo dio a conocer la magistrada presidenta de dicho Tribunal, María Eugenia Villanueva Abraján, al rendir su informe de actividades 2017 en apegó a los principios de transparencia y rendición de cuentas.
En una sesión solemne a la que asistió el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Raúl Bolaños Cacho Gúzmán, Villanueva Abrajan destacó que la reforma constitucional federal del 27 de mayo de 2015 fortaleció el quehacer del Tribunal Contencioso como un organismo permanente, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones.
Es así que su encomienda es el ejercicio del control de la legalidad para resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública y particulares, acorde con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
Los mil 443 casos de autoridades demandadas implicaron iniciar juicios en contra de dependencias como la Secretaría de Vialidad y Transporte, la Oficina de Pensiones del Estado, la Dirección de Tránsito del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y el Registro Público de la Propiedad.
Se iniciaron también juicios en contra de la Secretaría de Finanzas del Estado, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, la Auditoria Superior del Estado y la Dirección General de Notarias.
En su mensaje final, la magistrada presidenta del Tribunal de lo Contencioso destacó la importancia de tomar conciencia del significado del combate frontal a la corrupción, lo que implica evitar el burocratismo, la apatía y la inercia.
“La justicia administrativa y de cuentas no es sólo la que se imparte todos los días en la resolución de un conflicto o en el propósito de dar a cada quien lo que corresponde, es ante todo justicia social y distributiva”, enfatizó.
El informe rendido por la magistrada Villanueva corresponde al ejercicio del periodo comprendido de octubre de 2016 a octubre de 2017, después de que ella asumió la presidencia del Tribunal de lo Contencioso el 5 de abril de 2017.
