Por La Jornada
El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios, presentó a la Cámara de Diputados el primer informe de resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2025, correspondiente al primer año de gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, en un documento que sólo incluyó el análisis del gasto federalizado.
Por vez primera, un informe de la entidad revisora no contiene datos sobre el desempeño de las empresas públicas del Estado, los programas sociales, los proyectos de gobierno más destacados o la labor de las instituciones federales, aspectos que –según Hernández— serán incluidos en la segunda y tercera entrega de informes individuales de 2025, en los próximos meses de octubre y febrero.
Esta información, dijo en conferencia de prensa posterior a la entrega del paquete a la Comisión de Vigilancia, se presentará a los diputados a partir de la revisión del gasto con las nuevas atribuciones de la ASF en materia de fiscalización.
No obstante, en el documento mencionó que su administración ha presentado 21 denuncias penales por un posible daño de más de 600 millones de pesos, “atendiendo a la facultad de poder presentar denuncias en cualquier momento, sin tener que esperar a la conclusión de todo el proceso de fiscalización”.
Algunas de ellas se refieren a auditorías forenses de las cuentas públicas de los años, 2020, 2021 y 2024 y las interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR), apenas el viernes pasado.
Además, dijo, “presentamos ante la autoridad substanciadora 30 expedientes de responsabilidades administrativas graves, derivadas de la detección de colusiones en procedimientos de contratación pública”.
“Rescate” de fondos para los municipios
En conferencia de prensa, el funcionario -quien no precisó si se van a indagar los señalamientos hechos desde la Legislatura pasada sobre los presuntos actos de dispendio de su antecesor, David Colmenares Páramo, quien fue su jefe-, destacó que, por intervención de la ASF, se logró la solventación de casi la totalidad de los más de 300 mil millones de pesos (mdp) que debían entregarle los gobiernos de sus estados a sus municipios.
Gracias a ello, dijo, “de manera inédita” sólo quedó una cantidad por aclarar de 1.4 mdp. Sin embargo, no mencionó que las recuperaciones totales operadas de los mencionados 300 mil mdp ascendieron sólo a 20.6 mdp.
Al ser cuestionado al respecto, Hernández Palacios explicó que dichos recursos son otorgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los gobiernos estatales, y si éstos aún no los habían entregado a los municipios, probablemente se debió a que “no los aplicó correctamente, puede ser que no los aplicó en tiempo, puede ser que dilató la entrega o puede ser que no cuidó la reglamentación que ellos incluso tienen para hacer esta distribución”.
En su exposición ante los medios de comunicación –ejercicio que no realizó su antecesor- el auditor no mencionó el monto total de las supuestas irregularidades encontradas en el análisis de la Cuenta Pública analizada, como normalmente se hacía en cada presentación de informes.
Por otra parte, el funcionario indicó que las auditorías que realice el organismo a su cargo a partir de este momento se van a llevar a cabo a partir de las nuevas atribuciones de la entidad fiscalizadora, e indicó que el departamento que mandó a construir Colmenares en las instalaciones de la ASF –para su uso privado— ha sido recuperado para el aprovechamiento público.
Modelo de auditorías “integrales”
Durante su exposición ante los diputados, Hernández Palacios destacó que “en esta nueva etapa de la Auditoría Superior rompimos el paradigma de la fiscalización y pasamos de una fiscalización fragmentada a una integral”.
Esto es, explicó, “con las mejores prácticas internacionales y permite analizar a una entidad fiscalizada desde una perspectiva total, aplicando procedimientos financieros, de cumplimiento y de desempeño, conforme a los riesgos identificados y a la naturaleza de cada institución”.
Según el funcionario, a raíz de dicho cambio “en días pasados modificamos nuestro Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2025”, lo cual “representa una transformación del modelo tradicional de auditoría, porque una fiscalización oportuna y efectiva no consiste en solo sumar auditorías, sino en multiplicar su impacto”.
De esta manera, “en una sola auditoría tendremos una visión completa del destino de los recursos, con resultados de mayor impacto y que a su vez, permita tomar mejores decisiones”.
A modo de ejemplo, afirmó que para “uno de los principales entes del orden federal en materia de la infraestructura, se tenía programado el realizar 30 auditorías, todas aisladas y sin relación entre sí, las cuales solo permitían revisar 20 proyectos que representan menos del 30 por ciento de su presupuesto.
Ahora, detalló, la revisión integral que se realizará en una sola auditoría abarcará el ciento por ciento del recurso ejercido.
