No fue un solo saqueo. Fue una administración prolongada del rezago.
Y lo más inquietante es que ocurrió a plena vista.
Oaxaca no está detenido por falta de potencial. Está detenido por la forma en que ha sido gestionado su potencial.
Según el INEGI, más de la mitad de la población oaxaqueña vive en situación de pobreza y una parte importante de sus municipios presenta rezago social alto o muy alto. No es un matiz estadístico: es una condición estructural que se repite año con año sin cambiar de fondo.
La pregunta entonces no es si hay pobreza.
La pregunta es por qué se volvió permanente.
Durante décadas se instaló una explicación cómoda: la geografía, la dispersión poblacional, la diversidad cultural, la complejidad territorial. Todo eso influye, sí, pero no explica por sí solo por qué estados con condiciones similares han logrado trayectorias distintas.
Oaxaca no carece de recursos. Carece de convergencia entre decisión pública, inversión sostenida y continuidad institucional.
Y ahí empieza el problema.
El desarrollo en el estado ha dependido más del ciclo político que de una estrategia de largo plazo. Cada administración reinicia diagnósticos, redefine prioridades y reinterpreta el pasado inmediato como si el punto de partida fuera siempre cero.
En ese vaivén, el costo no es administrativo. Es social.
La consecuencia más visible está en la migración. Miles de jóvenes abandonan comunidades cada año. No es un fenómeno cultural ni una moda generacional. Es un indicador económico.
Se van porque el mercado laboral local no absorbe la mano de obra calificada. Se van porque la educación no siempre se traduce en movilidad social. Se van porque la permanencia, en muchos casos, implica estancamiento.
Y cuando una región expulsa sistemáticamente a su población joven, lo que pierde no es sólo fuerza de trabajo: pierde futuro.
Al mismo tiempo, el Estado ha normalizado una forma particular de gobernabilidad: la negociación permanente de la crisis.
Bloqueos, conflictos agrarios, disputas comunitarias, presiones sectoriales. En muchos casos, la atención institucional llega después del conflicto, no antes de su estallido. Y en ese desfase se instala una lógica peligrosa: la excepción se vuelve método.
Eso genera un incentivo perverso. La solución deja de ser estructural y se vuelve reactiva.
No es casual que múltiples sectores económicos señalen la incertidumbre como uno de los principales obstáculos para invertir o crecer de forma sostenida en la entidad.
La inversión pública, por su parte, ha sido insuficiente para cerrar brechas históricas en infraestructura básica: agua potable, conectividad, servicios de salud y caminos rurales. El resultado es un territorio donde la desigualdad no sólo persiste, sino que se reproduce a ritmos distintos dentro del mismo estado.
Pero reducir el problema únicamente al gobierno sería incompleto.
También existe una normalización social del rezago.
La aceptación de que “así es Oaxaca” funciona como una explicación que evita la exigencia de resultados medibles. Con el tiempo, la indignación se ha ido reemplazando por costumbre.
Y cuando la costumbre sustituye a la exigencia, la política pierde presión para transformarse.
Hay además una contradicción que atraviesa al estado: Oaxaca es altamente visible en el plano cultural y turísticamente atractivo, pero profundamente desigual en el plano económico. Es un territorio donde la proyección simbólica supera a la realidad material de amplios sectores de su población.
Eso genera una narrativa peligrosa: la de un estado que parece exitoso desde fuera, mientras internamente mantiene brechas profundas.
El resultado es una paradoja conocida pero poco discutida: se celebra la identidad, pero no siempre se garantiza el bienestar.
Entonces, ¿quién le robó el futuro a Oaxaca?
No hay un actor único.
El futuro se erosiona cuando la política se vuelve intermitente, cuando la economía no logra arraigo, cuando la ley se aplica de forma desigual y cuando la sociedad se adapta al problema en lugar de exigir su solución.
El futuro no desaparece de forma abrupta. Se desgasta.
Y quizá la pregunta más incómoda no es quién lo robó, sino qué condiciones siguen permitiendo que se siga perdiendo.
Porque si el futuro depende de decisiones colectivas, también depende de omisiones colectivas.
Y ahí es donde Oaxaca enfrenta su desafío más profundo: decidir si su historia reciente es una explicación… o una justificación.
