Por Gerardo Garfias Ruiz / Colaborador
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, reza una composición del jefe Blades, justo ahora que estamos experimentando expresiones y decisiones del grupo en el poder que, a medida que construimos el futuro inmediato, se va radicalizando en el ejercicio de la administración del bien común para consolidar su omnipresencia, sus formas de gobernar, su partido, así como los usos y costumbres heredados de destacados miembros de lo que ellos mismos llaman el PRIAN, en que con el voto de su mayoría mediatizada han ido cambiando la Constitución General para, a todas luces, entronizarse en el poder, al menos en el futuro inmediato, que en 2027 y 2030 tendrá su prueba de fuego por medio de las elecciones y el voto de las mayorías.
Como si no supieran dos de las reglas más implacables de quienes, de una u otra manera, son parte del ejercicio de gobierno en turno: que el encargo o la designación de un puesto público tiene un final, muchas veces inmediato, y que el ejercicio se acaba más pronto de lo deseable, se enredan en el usufructo de sus puestos, desde la ignominiosa práctica de disponer de los recursos públicos para su interés personal o de grupo, hasta el trato displicente, despótico y arbitrario para los usuarios de los servicios e instancias públicas que, más temprano que tarde, terminan en la reprobación pública por medio del voto para que, de una vez por todas, concluya su periodo de administrar el bien común.
Además de este contexto, que está profundamente arraigado independientemente del partido en el poder y de sus funcionarios y empleados favorecidos, ahora estamos experimentando la injerencia cada vez mayor del crimen organizado, no solo en el control de vastos territorios de la entidad, sino en delitos encubiertos o de plano abiertos, como el cobro de piso, los secuestros, las cuotas obligadas para la comercialización de productos importantes como el aguacate, el limón, la piña o el mango, así como la imposición, manipulación y alianzas con el partido en el poder para controlar aún más los poderes municipales y no pocos gobiernos estatales.
En los últimos diez años hemos sabido, por medio de denuncias valientes, medios de comunicación, líderes de opinión, noticiarios, ministros de culto, ONG, organizaciones sociales y medios internacionales, de la asociación, el amasiato y las alianzas perversas, cada vez mayores, entre los cárteles y los partidos políticos para hacer ganar a candidatos que o son de ellos o tienen acuerdos con integrantes de los cárteles para no solo controlar y dominar los municipios donde gobiernan, sino también imponer a sus personeros en espacios fundamentales como seguridad, hacienda y gobernabilidad.
Es reprobable y preocupante la creciente injerencia y control del crimen organizado y de los principales cárteles de México, que no solo están causando graves situaciones de criminalidad, asesinatos, ajustes de cuentas, cobro de piso y secuestros, así como el control de la economía y de la seguridad, sino que además cooptan a personas y políticos para asegurar sus intereses y el dominio de vastos territorios regionales y nacionales.
Así, además de esta situación interna ignominiosa, tenemos, sin deberla ni temerla, que enfrentar ahora el embate político, estratégico y mediático de los Estados Unidos de Norteamérica que, además de ser un buen pretexto para empoderar al grupo en el poder representado por MAGA y expresado en el gobierno encabezado por la amenaza naranja, declaró, con todas las consecuencias legales, jurídicas, políticas, impositivas y de convenios internacionales vigentes, a los cárteles como grupos terroristas que, de acuerdo con su poder, legislación e intervencionismo, pueden perseguir, capturar y procesar unilateralmente. Al menos dos de los cárteles de mayor poder en México se encuentran en esa condición.
Así, en los últimos días han pedido, de acuerdo con el tratado de extradición vigente entre los Estados Unidos y México, como primer paso en el protocolo establecido legalmente, la detención preventiva con fines de extradición de los principales miembros del gobierno estatal de Sinaloa, así como de un senador de la República por ese estado que, independientemente de este procedimiento legalmente acordado, insisto, de acuerdo con el convenio vigente entre ambos países, han sido señalados desde su propia elección, hace ya casi cinco años, por diversos delitos y transgresiones a la ley en distintas materias, tanto electorales como penales y civiles.
Ahora, con lo que pareciera una inexplicable defensa de oficio por parte del poder federal actual, nos enteramos de que, además de pedir pruebas para sostener esta petición estadounidense —lo que va en sentido contrario al protocolo establecido por el convenio vigente entre ambos países—, se trata de motivar el ánimo "masiosare" al grito de: vienen por unos y van por más políticos y gobernantes del partido en el poder.
Ante ello, vale la pena decir: ¡Y nosotros por qué!
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