Un tribunal federal de Estados Unidos invalidó una serie de medidas migratorias implementadas por la administración del presidente Donald Trump que habían limitado el acceso de miles de extranjeros a diversos trámites migratorios y beneficios legales.
La resolución fue emitida por el juez federal John McConnell Jr., quien concluyó que las acciones adoptadas por las autoridades migratorias excedían las facultades otorgadas por la legislación vigente. En su fallo, el magistrado señaló que las disposiciones colocaron a numerosos inmigrantes en una situación de incertidumbre jurídica al impedir el avance de procesos relacionados con asilo, permisos laborales, residencia permanente y naturalización.
El juez cuestionó además la actuación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), al considerar que la agencia no justificó adecuadamente los cambios aplicados ni evaluó el impacto que tendrían sobre las personas afectadas. También sostuvo que las razones de seguridad nacional invocadas por las autoridades no fueron respaldadas de manera suficiente.
Las políticas anuladas afectaban a ciudadanos provenientes de 39 países ubicados en África, Asia, América Latina y Medio Oriente, quienes enfrentaban obstáculos para obtener respuestas a solicitudes migratorias que les permitirían regularizar su estancia en territorio estadounidense.
La decisión judicial fue recibida favorablemente por organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. Representantes de estos grupos señalaron que el fallo reafirma la obligación del gobierno de respetar los procedimientos legales y evitar medidas que generen discriminación basada en el origen nacional de las personas.
Activistas también destacaron que miles de familias, trabajadores y solicitantes de refugio permanecieron durante meses en una situación de incertidumbre, sin acceso a permisos laborales, protección migratoria o mecanismos para avanzar en sus trámites.
Con esta resolución, la administración federal deberá revisar las disposiciones cuestionadas y garantizar que cualquier modificación a las políticas migratorias se ajuste a los requisitos establecidos por la ley y los principios del debido proceso.
