El caso del estudiante de talla baja del CBTIS 25 de Salina Cruz, identificado con las iniciales J.A.T.P., ha puesto en el centro de la discusión la necesidad de que las escuelas sean espacios seguros, incluyentes y libres de cualquier forma de violencia. Tras la difusión de un video en redes sociales donde se observa una agresión ocurrida en octubre de 2025, distintas instancias estatales activaron mecanismos de atención para garantizar la protección del menor y evitar que los hechos se repitan.
La Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH) y el Consejo para los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Oaxaca iniciaron un acompañamiento institucional enfocado en asegurar el acceso a la justicia, la protección integral de la víctima y la no revictimización. A la par, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SE-Sipinna) intervino directamente en el plantel educativo, con el objetivo de frenar cualquier forma de violencia y sensibilizar a la comunidad escolar.
Las acciones no se limitaron al ámbito escolar. También se trabajó con las familias de los estudiantes involucrados bajo un enfoque humanista, con perspectiva de discapacidad y de derechos humanos, buscando que el diálogo y la reflexión sirvan para prevenir futuras agresiones. Este proceso se realizó en coordinación con la Oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública federal.
El caso ya fue turnado a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a la que se le solicitó iniciar de oficio la carpeta de investigación correspondiente. La exigencia es clara: que las indagatorias se realicen con debida diligencia, perspectiva de discapacidad y que se analicen posibles omisiones por parte del personal docente y directivo, además de garantizar medidas de protección para el estudiante y su familia.
Desde la CADH se subrayó que la difusión de imágenes o videos relacionados con el caso puede causar un daño adicional al menor, por lo que se hizo un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía a evitar compartir este tipo de material, con el fin de no profundizar la revictimización.
El acompañamiento institucional continuará durante el desarrollo de las investigaciones. Más allá de la sanción que pueda derivarse, el caso abre un debate urgente sobre la responsabilidad de las escuelas y de las autoridades para construir entornos educativos donde la inclusión y el respeto no sean solo discursos, sino prácticas cotidianas que protejan a quienes históricamente han sido más vulnerables.
