Raúl P. B., hijo de un empresario restaurantero, fue vinculado a proceso y enviado al penal de Tanivet, en Tlacolula de Matamoros, por los delitos de violencia familiar y violencia de pareja.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), el imputado ejerció violencia física y verbal en al menos seis ocasiones entre 2023 y 2025, principalmente en Oaxaca de Juárez y Tlalixtac de Cabrera. Los hechos fueron documentados en una carpeta integrada por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género, que logró obtener y ejecutar una orden de aprehensión.
En la audiencia inicial, el juez dictó auto de vinculación a proceso, impuso prisión preventiva justificada y fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria.
El caso ha tenido fuerte eco social: a través de redes, internautas han exigido que no se repita la historia de impunidad en delitos de género y que el poder económico de la familia del imputado no interfiera en el proceso judicial.
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En notas anteriores se ha documentado que la violencia familiar en Oaxaca ocupa los primeros lugares en carpetas de investigación iniciadas por la FGEO. Tan solo en 2024 se abrieron más de 6 mil carpetas por este delito, lo que representa una de las violencias más denunciadas en el estado.
Diversos colectivos feministas han insistido en que detrás de esas cifras hay historias de impunidad y revictimización, sobre todo cuando los agresores cuentan con influencias políticas o económicas.
La FGEO reiteró que se mantienen protocolos con perspectiva de género en el seguimiento de estos casos, aunque organizaciones civiles han cuestionado la efectividad real de dichas medidas ante la persistencia de obstáculos judiciales que dificultan el acceso a la justicia para las mujeres.
