Autoridades municipales y agrarias, así como pobladores de San Esteban Atatlahuca, región de la Mixteca, con el respaldo de un grupo armado, ingresó al paraje Yoos Kivi perteneciente a la comunidad de Guerrero Grande a deforestar una superficie boscosa de más de dos hectáreas para construir viviendas a los autores de la quema de las viviendas pertenecientes a las personas desplazadas con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes informó que las autoridades de Guerrero Grande se percataron el 9 de mayo pasado de la presencia de los habitantes de la cabecera municipal San Esteban Atatlahuca con maquinaria pesada para talar árboles y posteriormente abrir una brecha.
Expuso que las autoridades municipales y agrarias de la cabecera municipal, con la participación de pobladores de Guerrero Grande, respaldadas por personas armadas, ingresaron nuevamente al mismo paraje el 12 de mayo pasado con maquinaria pesada y camiones tipo torton para derribar el arbolado.
Explicó que las autoridades y pobladores de Guerrero Grande descubrieron el 16 de este mes de junio el desarrollo de trabajos de rastreo y excavación con máquinas conocidas como retroexcavadora, excavadora y motoniveladora.
Subrayó que la autoridad municipal y agraria de San Esteban Atatlahuca ingresó al paraje Yoos Kivi, a pesar de pertenecer a la jurisdicción de Guerrero Grande, para construir viviendas a los autores de la quema de casas en la propia comunidad.
De esta manera, destacó que los beneficiarios de las medidas cautelares de la CIDH viven en medio de la zozobra y el miedo por la situación de inseguridad y el riesgo de una nueva agresión.
Ante esto, requirió la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar y sancionar a los responsables de la deforestación y del cambio de uso de suelo en el área boscosa, porque incluso han subido fotografías de esos hechos delictuosos en sus redes sociales.
Además, requirió el cumplimiento de las medidas cautelares MC-1050-21 de la CIDH y de la Acción Urgente del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado la obligatoriedad del Estado Mexicano de cumplirlas solicitudes formales de los organismos internacionales.
Santiago Reyes también reclamó la realización de acciones urgentes para garantizar la vida e integridad de los beneficiarios de las medidas cautelares de la CIDH de la comunidad de Guerrero Grande.
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