Para que el Estado mexicano garantice una educación inclusiva con equidad y calidad durante toda la vida, se requiere de la concurrencia responsable de las instituciones que de alguna forma supervisan el ejercicio de este derecho, afirmó ayer la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Elizabeth Lara Rodríguez.
Durante el Acto Cívico por los Derechos Humanos, la ombudsperson sostuvo que una educación incluyente implica el reconocimiento y la participación de los sectores de la población, donde se requieren atención prioritaria, porque por razones estructurales se encuentran una situación de vulnerabilidad.
Por esto, en presencia de la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Estado de Oaxaca, Delfina Guzmán Díaz, aseveró que las personas indígenas, con discapacidad, mujeres, pertenecientes a la diversidad sexogenérica y otras susceptibles de ser discriminadas, deben recibir una atención diferenciada, para ejercer su derecho a la educación en condiciones de equidad.
Expuso que las personas con discapacidad son uno de los sectores en mayor situación de vulnerabilidad para ejercer su derecho humano a la educación, porque aún existen barreras, a pesar de existir legislación nacional e internacional.
Subrayó que en los niveles inicial y básico ha habido casos de éxito en la atención a estudiantes con discapacidad, sin embargo, todavía se deben fortalecer los programas de inclusión y equidad en todos los niveles educativos, así como aplicar los ajustes razonables en la accesibilidad y permanencia de las y los estudiantes en las instituciones educativas.
Además, hizo un reconocimiento a los operadores del sistema educativo, en especial a la noble labor realizada por las y los docentes en todos los niveles educativos, porque su actividad es esencial para contribuir en la formación académica y cívica de las y los estudiantes y de este modo, construir una ciudanía responsable y solidaria.
De esta manera, deseó que en el proceso de diálogo entre docentes y gobierno impere el diálogo y el interés superior de la niñez, porque solo a través de la educación se garantiza el derecho al desarrollo y el máximo bienestar de la sociedad.
