Un tribunal federal ordenó al Gobierno de Oaxaca y al Congreso local la conformación de la Comisión para Prevenir la Discriminación, así como la asignación de recursos para su operación, tras un amparo promovido por activistas LGBTTTIQ+.
Alex Alí Méndez Díaz, activista de la organización Tejemos Justicia, explicó que la Comisión debió haber sido instalada desde 2013, cuando se aprobó la Ley para Atender, Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Oaxaca. Sin embargo, en 12 años, las autoridades estatales no cumplieron con la obligación de su creación y financiamiento.
Ante esta omisión, el 17 de mayo de 2023, un grupo de activistas y defensores de derechos humanos de la población LGBTTTIQNB+ promovió un amparo para exigir su cumplimiento.
Tras casi dos años de litigio, un Tribunal Colegiado concedió el amparo para ordenar al Congreso y al Gobernador de Oaxaca instalar la Comisión y dotarla de recursos suficientes para su operación. Mientras se asigna un presupuesto completo en el próximo año fiscal, deberá garantizarse su funcionamiento con los recursos disponibles en 2024.
También deberá designarse a su director general y al personal necesario.
La sentencia es definitiva e inapelable, lo que significa que las autoridades ya no pueden interponer ningún recurso legal y deben proceder con el cumplimiento inmediato de la resolución, destacó el abogado oaxaqueño.
En diciembre de 2013, el Congreso de Oaxaca aprobó la Ley para Atender, Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado, la cual comenzó en su artículo 35 la creación de la Comisión como un organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobierno del Estado.
Desde entonces, la ley estipulaba que la Comisión debía operar progresivamente con los recursos disponibles en su primer año, y que el Congreso debería asignar un presupuesto específico en el siguiente ejercicio fiscal. Además, el Gobernador debía nombrar al titular de la Comisión dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigor del decreto.
Sin embargo, más de una década después, ni la instalación ni el financiamiento han ocurrido, lo que motivó la acción legal de activistas.
Con la resolución del tribunal, las autoridades estatales están obligadas a cumplir con la ley y garantizar la existencia de un organismo que proteja los derechos de las personas discriminadas en Oaxaca.
