¿Qué es lo primero que pensamos al escuchar “Patrimonio Documental”?
Como restauradora de bienes, percibo a este Patrimonio de manera determinada, específica, y centrada en mi quehacer profesional. Sin embargo, fuera de mi trinchera, este término se desdibuja hasta volverse una bola de nieve, más llena de preguntas que de certezas.
En primera instancia, lo relacionamos a los íconos documentales que han servido para forjar a nuestro país y que son testimonio de la conformación de nuestra identidad como nación. Efectivamente, éstos son parte de nuestro patrimonio documental; sin embargo, existen otros tales como actas de nacimiento, padrones electorales o libros contables que aún sin tener la carga histórica de los códices novohispanos, o los Sentimientos de la Nación, son también bienes patrimoniales.
¿Por qué es importante conservarlo?
Por otro lado, las cuestiones tocantes a la legislación y responsabilidades se vuelven aún menos claras al relacionarlas con este concepto: ¿Por qué es importante conservarlo? Y más aún, ¿A quién le compete su conservación? Al lanzar esta pregunta al público, las respuestas son tan variadas como enigmáticas; por tanto, me parece seguro asumir que la percepción general es que “conservamos al patrimonio documental por inercia. Porque es viejo y por ende, importante”.
Dar respuesta individual a cada una de esas interrogantes sería una salida fácil a la verdadera situación de la conservación del material documental. Así que habrá que desglosar el problema; resulta menester entender en principio al documento como bien patrimonial, posteriormente el por qué de su conservación y finalmente, contextualizarnos en nuestra realidad mexicana.
Rescate, salvaguarda y conservación
A nivel global, la inquietud de desarrollar criterios, directrices y normas para el rescate, salvaguarda y conservación del patrimonio, detonó por el saqueo y destrucción de importantes reliquias del mundo antiguo que se han perdido irremediablemente a causa de movimientos bélicos, tales como los códices prehispánicos, tablillas de arcilla y grandes colecciones de impresos novohispanos en manos de coleccionistas particulares.
En este marco, para conservar la memoria del mundo se han realizado Cartas y Convenciones internacionales, que proponen directrices para las acciones, protocolos y normativas de cada país que, salvo las Directrices para la salvaguardia del patrimonio documental de la UNESCO (2012), no tratan de manera exclusiva al material documental aunque, en conjunto, todas rescatan puntos que enriquecen el conocimiento y marcan pautas para nuestro quehacer como custodios y encargados de la conservación y preservación de dicho patrimonio.
Legislación en México
Al contrario de lo que se podría pensar, México está posicionado en el mundo como el país que llevó, desde los años 60, la conservación patrimonial a nivel profesional creando la primera Licenciatura en Restauración de Bienes y actualmente desarrolla programas académicos especializados en patrimonio bibliográfico y documental. Asimismo, existe el respaldo de un marco jurídico federal y varios estatales que lo contemplan.
El panorama comienza a tomar forma:
Por un lado, tenemos las directrices internacionales, representadas en Cartas y Conferencias; Existen instrumentos legales que reconocen la existencia y necesidad de preservación y acceso a la información del Patrimonio Documental Nacional; contamos con una riqueza incontable de material documental esperando ser rescatado, organizado y conservado.
Por otro lado, se ha avanzado en la curva del conocimiento de la conservación del Patrimonio Documental en sus diversos ámbitos de acción, investigación y gestión, gracias a los especialistas de nivel profesional con reconocimiento internacional formados en el propio contexto nacional enfocados a los quehaceres científicos, técnicos y sociales; finalmente, contamos con la confianza de organismos internacionales que nos permiten estrechar lazos de colaboración en acciones, investigaciones y recomendaciones.
Y sin embargo, seguimos viendo archivos y bibliotecas en condiciones precarias, escondiendo testimonio de poblaciones enteras y pequeñas riquezas empolvadas sin ser reconocidas. En el afán de “rescatar” lo que se pueda, son sometidas a salvajes procesos de digitalización” que paradójicamente, resultan en la pérdida irreparable del documento.
¿Cómo llegamos a esto?
Al reconocer las legislaciones que tocan al patrimonio documental, se vuelve imprescindible la Ley Federal de Archivos (2012, Art. 4, XXXI), que designa a determinados documentos como bienes culturales. Lo que nos remite necesariamente a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (1972) (Art. 36, II, III y IV), así como a las Directrices de la UNESCO.
Responsabilidad de todos
Es así que, retomando aquellas dos interrogantes iniciales; resulta indispensable que entendamos que el Patrimonio Documental de la Nación es nuestra evolución como sociedad y como Estado y en él subsiste la memoria histórica de México. Comprende las fuentes primarias en sus soportes originales con nuestra genealogía en sus diversos ámbitos y su valor no se restringe a aquellos con carácter histórico, único, relevante y trascendente, sino también está en los registros del día a día: documentos de gobierno, archivos eclesiásticos, colecciones especializadas, científicas y particulares. Y que existen instrumentos legales que lo norman, protegen y exigen su permanencia.
Como sociedad nos afecta el destino final del Patrimonio Documental de la Nación y de nuestra comunidad, a nivel local, tenemos la obligación de informarnos sobre decisiones, acciones y negligencias que lo pueden poner en riesgo. Asumamos nuestro deber de conocer la ley y emplearla para defender nuestra memoria y no reducir nuestra participación a rechazos, muecas y quejas al aire.
Por estas razones, a pesar que las facultades y obligaciones recaigan en los profesionales y autoridades, la conservación del Patrimonio Documental es, sobre todo, responsabilidad de todos nosotros.
