Ayer quedó constituida formalmente la Comisión Presidencial de Planes de Justicia y Desarrollo Regional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que encabeza la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para atender prioritariamente los temas de autonomía, gobierno y jurisdicción indígena; tierras, territorios, recursos naturales, biodiversidad y medio ambiente; patrimonio cultural, lenguas y lugares sagrados; educación indígena intercultural; salud y medicina tradicional; desarrollo, economía y producción; infraestructura social básica y comunitaria; y vías de comunicación, caminos artesanales, radiodifusión y telecomunicaciones.
Una vez publicado el decreto respectivo en el Diario Oficial de la Federación, la comisión deberá cumplir las siguientes funciones: Diseñar, en coordinación con las autoridades de los pueblos indígenas y afromexicanos, los trabajos técnicos e informativos encaminados a elaborar un diagnóstico participativo sobre la situación jurídica y social que guardan sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas; sus tierras, territorios y aguas; así como las condiciones de desarrollo y bienestar integral de las comunidades que los integran; acordar, con las autoridades de los pueblos indígenas y afromexicanos, las obras y acciones que se implementarán en el contexto de los Planes de Justicia y Desarrollo Regional, así como su priorización y calendarización; en coordinación con las diferentes dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, ejecutar las obras y acciones necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos establecidos entre las autoridades indígenas y afromexicanas, con el Gobierno de México, con base en las atribuciones y obligaciones de cada institución, entidad u organismo; e implementar las obras y acciones acordadas en los Planes de Justicia y Desarrollo Regional para hacer efectivos los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público. La implementación de obras y acciones debe realizarse en coordinación con las autoridades indígenas y afromexicanas.
Además de proponer, en coordinación con las dependencias y entidades del Gobierno de México, los recursos necesarios para la implementación de los acuerdos alcanzados en el marco de los Planes de Justicia y Desarrollo Regional, y determinar aquellos que serán administrados directamente por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, cuando corresponda; crear los grupos de trabajo que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones; celebrar convenios de coordinación y colaboración y demás instrumentos jurídicos con las autoridades correspondientes para el cumplimiento del decreto; emitir los lineamientos para su organización y funcionamiento; proponer y emitir informes a la persona titular Ejecutivo Federal que sirvan como base para la toma de decisiones, tendientes a garantizar la justicia a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas reconocidos en el país, con la finalidad de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, su bienestar y desarrollo integral, intercultural y sostenible, así como el fortalecimiento de su patrimonio cultural y natural; y las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.
La Comisión depende directamente de la persona titular del Ejecutivo Federal, quien la presidirá.
Estará integrada por las personas titulares de las dependencias y entidades del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, quien tendrá el carácter de titular de la Presidencia Ejecutiva; la Secretaría de Gobernación; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; Secretaría de Bienestar; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Energía; Secretaría de Economía; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Educación Pública; y Secretaría de Salud.
También la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Secretaría de Cultura; Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Instituto Nacional de las Mujeres; Procuraduría Agraria; Registro Agrario Nacional; Comisión Federal de Electricidad; Instituto Nacional de Antropología e Historia; Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; Instituto Mexicano del Seguro Social; Comisión Nacional del Agua; Comisión Nacional de Vivienda; Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal; Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
