Un grupo de trabajadores de gobierno de Oaxaca busca frenar su despido del gobierno de Oaxaca a través de la interposición de juicios de amparo. El primero habría sido presentado este viernes, informó Alex Alí Méndez Díaz de Tejemos Justicia.
Méndez Díaz, abogado litigante señaló que durante el análisis del decreto emitido por el Congreso de Oaxaca el pasado miércoles detectaron distintas violaciones a los derechos laborales.
Una de éstas es que no señala a las personas responsables de las contrataciones irregulares, pues en todo caso —apuntó— tendría que haber funcionarios quienes deberían ser sancionados. Las acusaciones hechas son de carácter general.
“Al ser una afectación tan masiva debió de cuidarse mucho más el debido proceso en esta materia”, apuntó.
Por otro lado —agregó— sólo se mencionan las contrataciones del periodo de 2016 a 2022 como si por haber sido contratados en ese lapso ya representara una contratación irregular. “Irregularidades pudieron existir en cualquier sexenio y la fecha de contratación no puede ser en sí misma una causa para que sólo esas personas. Si bien hacen un análisis lógico de por qué en esos años, pero no exponen los motivos”.
En el fondo —añadió— hay un tema de violación del debido proceso porque a ninguna de las personas a quienes se les suprimió su base tuvieron oportunidad de defensa y que el gobierno del estado les comprobara su contratación legal.
“Ninguna persona supo de manera previa por qué se le suprimió su base. Es una violación gravísima del debido proceso”, resaltó el activista oaxaqueño.
A su juicio, el proceso debió haber iniciado por llamar a cada una de las mil 344 personas para demostrarle las irregularidades de su basificación y a partir de eso determinar la supresión de ésta.
Aclaró que desde Tejamos Justicia no descartan que haya irregularidades en algunas contrataciones, “pero para demostrarlo el Estado debe seguir un proceso y no hacerlo de manera arbitraria como lo hizo con este decreto”.
Alex Alí explicó que el juicio de amparo lo que busca es que el decreto no pueda tener los efectos de la supresión de plazas hasta en tanto no se demuestre o no se analice su constitucionalidad.
“El amparo en el fondo puede decirle al Congreso que los fundamentos violan el debido proceso, la estabilidad laboral, el derecho al trabajo y por tanto no se puede aplicar”.
El amparo sólo aplicaría para las personas promoventes. Alex Alí, indicó que podrían presentar un paquete de al menos cinco más el próximo lunes.
