Ante la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una alianza de organismos civiles, hizo un llamado al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y llamó a priorizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes por encima de los intereses económicos de la industria de alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas y de medios de comunicación en la resolución del caso de Productos Ricolino.
El grupo de organizaciones civiles informó que la Segunda Sala de la SCJN discutió el miércoles pasado en sesión pública los amparos en revisión 614/2023 de Bimbo y otras empresas y el 272/2024 de la empresa Bebiendo.
Expuso que el caso de Bimbo combate la restricción del uso de personajes y demás elementos distintivos en las etiquetas y empaques de los productos con sellos o leyendas de advertencia.
Explicó que el caso de Bebiendo impugna el uso de estos elementos de marketing en la publicidad de estos productos en cine, radio, televisión e internet.
🌽🚫 Organizaciones de la sociedad civil realizaron la clausura simbólica de un OXXO en protesta por el daño a la salud humana, la debilitación a la economía local, la contaminación y explotación de mantos acuíferos. Exigieron reforma al artículo 22 de la Ley de Niñas, Niños y… pic.twitter.com/n5wNVzjBso
— Noticias Oaxaca NVI (@nvinoticiasoax) October 16, 2024
Sin embargo, explicó que estas dos empresas informaron en semanas pasadas a la Segunda Sala de la SCJN su decisión de no querer continuar con sus juicios, solicitando el desistimiento.
Detalló que la Segunda Sala de la SCJN aceptó por unanimidad el desistimiento de los recursos de revisión presentados por las dos empresas, porque estos asuntos contaban ya con proyectos públicos de sentencia donde se negaba el amparo y se reconocía los derechos de la ciudadanía, la niñez y adolescencia.
Aunque, observó que la empresa Productos Ricolino, quejosa también en este asunto, no presentó el desistimiento del caso y de esta manera, la Segunda Sala de la SCJN determinó regresar el caso al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México.
De esta manera, requirió al magistrado presidente Sergio Urzúa Hernández y a la magistrada Carolina Isabel Alcalá Valenzuela, así como a un secretario en funciones de magistrado, a priorizar la protección de los derechos de la población en general y principalmente de niños, niñas y adolescentes por encima de los intereses económicos de la industria de alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas y de medios de comunicación.
