Con la aprobación de la reforma constitucional en la Cámara de Diputados federal, ahora si los pueblos indígenas y afromexicano podrán decidir su futuro al ser reconocidos con personalidad jurídica y con patrimonio propio, aseveró la legisladora oaxaqueña por Morena, Irma Juan Carlos.
La diputada, una de las principales promotoras y defensoras de la Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la modificación del artículo dos de la Constitución Política federal, devolverá la dignidad a la patria y pondrá la Carta Magna a la altura de las exigencias de nuestros pueblos.
“Nunca más un Estado que nos mire como menores de edad”, remarcó.
La también ex presidenta de la Comisión Permanente de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en la anterior legislatura federal, expresó que como mujer indígena oaxaqueña celebra la aprobación de la reforma constitucional, porque sus descendientes recordarán este momento al llegar pacíficamente con la razón de su lado y con las armas de la palabra, el diálogo, el consenso y la construcción de acuerdos.
Expuso que la reforma constitucional sienta las bases para un nuevo trato de gobierno a gobierno, porque no habrá más leyes elaboradas desde el escritorio sin tomar en cuenta la voluntad del pueblo.
También, destacó que la modificación del artículo dos de la Constitución Política federal establece una nación con una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, así como un especial reconocimiento de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos.
De la misma manera, destacó que la reforma constitucional garantiza el derecho a decidir conforme a sus sistemas normativos, a sus representantes y sus formas internas de gobierno, de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables, con excepción de no limitar los derechos político-electorales.
Juan Carlos, dijo que también fija el derecho a ser consultados y a cooperar de buena fe para adoptar y aplicar las medidas donde puedan causar impactos significativos en su vida o entorno.
