En Oaxaca se destina solo el 1.2 por ciento del presupuesto estatal al Poder Judicial, uno de los porcentajes más bajos del país, por lo que al igual que en otros estados de la República puede ver comprometidas sus capacidades si no cuenta con los fondos necesarios para funcionar, señala el informe "El presupuesto judicial en las entidades federativas. El Talón de Aquiles de la independencia judicial en México", elaborado por la organización Impunidad Cero.
De acuerdo al documento, Oaxaca ocupa el quinto lugar más bajo en porcentaje del país, solo por arriba de Puebla (1.12 por ciento), Durango (1.1 por ciento), Chiapas (1.07 por ciento) e Hidalgo (1.04 por ciento).
Añade que durante 2023 los estados destinaron en promedio 1.74 por ciento del presupuesto estatal total al Poder Judicial.
Los cinco estados donde el presupuesto del Poder Judicial estatal representó la mayor proporción del presupuesto estatal son Chihuahua con 3.6 por ciento, Ciudad de México con 2.6 por ciento, Morelos con 2.4 por ciento, Sonora con 2.3 por ciento y Querétaro también con 2.3 por ciento.
Señala que desde principios del presente siglo el debate sobre la independencia judicial en México ha tenido como especial protagonista el presupuesto judicial.
"Eso no podría ser de otra manera, pues es por medio de la asignación de recursos públicos donde mejor se ve reflejada la expresión del sistema de impartición de justicia más allá del corto plazo, el plan de acción para la efectividad y eficiencia de una institución; por decirlo pronto, el presupuesto es la principal herramienta para el correcto funcionamiento del gobierno judicial en el marco de un Estado democrático de derecho, ya que sin este, simple y sencillamente los derechos no tendrían sustento ni garantía", indica.
Añade que, bajo esta perspectiva, los poderes judiciales reivindicaban su autonomía a través de mecanismos que permitieran garantizar un flujo estable de recursos para financiar todas sus actividades.
La premisa sostenía que las judicaturas podían mejorar con cambios normativos y otras acciones complementarias, pero mientras su operación estuviera comprometida por la incertidumbre presupuestal, era muy difícil que la independencia judicial se consolidara.
“Dicho argumento tiene sentido desde el punto de vista institucional. Un Poder Judicial puede ver comprometidas todas sus capacidades si no cuenta con los fondos necesarios para funcionar. Por eso las reformas normativas que buscan fortalecer los poderes judiciales siempre tendrán efectos limitados si no están acompañadas por medidas que garanticen el flujo de recursos para financiar a la justicia. Lo que sí podemos observar es que año con año los poderes judiciales mexicanos enfrentan múltiples dificultades para asegurar la llegada de recursos suficientes para realizar sus labores”, expresa.
Subraya que, sin embargo, "el aumento en el gasto destinado a la impartición de justicia no es suficiente. Si consideramos el tamaño de la población, el gasto promedio de los poderes judiciales estatales ronda en los 300 pesos por habitante".
Montos
- 1.2% en Oaxaca para el PJEO.
- 1.12% recibe Puebla.
- 1.1% Durango.
- 1.07% Chiapas.
- 1.04% Hidalgo
