El Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica presentó una denuncia penal en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (Feadle) por omisiones de ex funcionarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y de quienes resulten responsables, por haber repercutido en el asesinato del periodista oaxaqueño Gustavo Sánchez Cabrera.
En una comunicación, la organización civil dio a conocer que la querella fue interpuesta con la participación y colaboración de la familia del periodista asesinado, el 17 de junio de 2021 en Morro Mazatán, Santo Domingo Tehuantepec, a partir de las múltiples deficiencias detectadas y documentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la recomendación 121/2022.
Por eso, expuso que Propuesta Cívica emprendió acciones legales en contra de al menos nueve personas funcionarias públicas quienes incurrieron en omisiones graves y tuvieron repercusiones en la vulnerabilidad del periodista oaxaqueño frente a sus agresores.
Subrayó que a la fecha, no se tiene conocimiento de sanciones legales por las omisiones de los servidores públicos del orden federal y estatal.
Además, resaltó que los procesos administrativos iniciados en contra de los servidores públicos quienes incumplieron en sus deberes de protección, se encuentran estancados en las áreas de Control Interno de la Secretaría de Gobierno federal.
Observó que la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca es la única autoridad con avances en las investigaciones internas y en consecuencia, está próxima a emitir una determinación.
De este modo, resaltó que las personas omisas en cumplir con sus obligaciones de garantes de derechos, así como los perpetradores directos del homicidio, se encuentran sin una sanción legal por los hechos sucedidos hace tres años.
Ante ello, la organización civil dijo que las instituciones del Estado mexicano deben de considerar el impacto y mensaje de impunidad enviada a las víctimas y a la sociedad mexicana debido a la falta de rendición de cuentas por su actuar deficiente, porque puede traer graves consecuencias como la privación de la vida de un periodista.
