El presidente municipal de San Juan Colorado, Jamiltepec, Juan García Arias, fue denunciado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por violencia política por condición de género en contra de la síndica, Herminia Quiroz Alavés.
Paralelamente la síndica interpuso un Juicio de Derechos Políticos del Ciudadano ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) debido a la destitución ilegal de su cargo.
De acuerdo con la agraviada, desde el inicio de la campaña electoral del 2016, fue obstaculizada por García Arias para evitar que quedara dentro de la planilla. Una vez logrado el triunfo, el edil la obligó a realizar labores de limpieza en las oficinas municipales del PRI para excluirla de las reuniones con quienes en su momento integrarían el Cabildo en funciones.
Trabajo comunitario
El Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, quien acompaña el caso, informó que Herminia Quiroz Alavéz es una mujer indígena mixteca que ha dedicado parte de su vida al trabajo comunitario a beneficio de la gente de su municipio.
Fue electa síndica municipal en el proceso 2016 como integrante de la planilla del PRI, siendo la primera mujer que desempeña ese cargo en su comunidad, incluso es el cargo más alto que una mujer ha asumido en el Cabildo.
El 1 de enero de 2017 Herminia Quiroz tomó posesión, pero no ha tenido condiciones para desempeñarlo. El presidente municipal asume que él es el único que puede tomar decisiones en actividades, proyectos y programas del Gobiernos Municipal, indicó el colectivo.
En 6 meses la síndica no ha sido convocada a las sesiones de cabildo. El presidente sólo pretende que la síndica firme actas de sesiones y acuerdos que no se discuten y que sólo son tomados por él, señaló en su denuncia la síndica.
La violencia política en su contra, traducida en una campaña de difamación, ha derivado en la agresión física y verbal a la mujer por parte de algunas personas de la localidad.
Juan García -indicaron- ha difundido que la síndica ha obstaculizado el avance del gobierno municipal porque se niega a firmar las actas de proyectos de obras y otros documentos.
“Ha dicho que yo estoy cobrándole por firmar actas de priorización de obras, cuando en realidad sólo exijo transparencia y trabajo coordinado considerando que yo soy la representante legal del Municipio”, afirmó la síndica.
Otra forma de limitación del ejercicio de sus funcionas es que la síndica no cuenta con viáticos, ni apoyos financieros para realizar sus actividades, no puede hacer uso de los vehículos oficiales, “mientras que el Presidente Municipal hace uso de éstos para uso familiar".
El 1 de junio de 2017, en una diligencia propia de sus funciones, la síndica hizo una observación al director de policía Juan Ulises Hernández por haber detenido y sancionado de manera arbitraria a un joven. Al día siguiente, el presidente municipal convocó a una reunión en la que apoyaron incondicionalmente al director y cuerpo de policía municipal.
En esa reunión definieron quitarle a la síndica la función de actuar en el despacho de los asuntos jurídicos propios, llevar los careos (primeras diligencias, conciliaciones etc.), las demandas, expedir cualquier tipo de constancias, oficios e intervenciones y toda esa responsabilidad fue ilegalmente transferida a su suplente, a quien la asignaron como espacio la oficina del Alcalde, desde donde ahora se despachan estos asuntos.
