Oaxaca.- La iniciativa de la Ley de Protección a Periodistas del Estado de Oaxaca aún falta ser aprobada por la 63 Legislatura del Congreso del Estado, la presentación en el primer periodo de sesiones ordinarias (marzo, 2017) aún permanece en la agenda legislativa, pero las medidas de protección, la creación de una comisión de prevención y un fondo para implementar las medidas de la ley, fueron discutidas este 31 de julio por el presidente de la comisión de los Derechos Humanos del Congreso, Horacio Antonio Mendoza, y un aproximado de 50 periodistas que participaron en una mesa de análisis.
"Necesitamos homologar una ley estatal de protección a periodistas, el primer interés es velar y vigilar las garantías individuales de la labor periodística, a nivel nacional Oaxaca ocupa el quinto lugar con agresiones a comunicadores", comentó el diputado, en contraste con las cifras publicadas a finales de 2016 por la organización independiente Artículo 19, la cual destaca 69 agresiones en el estado, de 426 a nivel nacional.
En el conversatorio los comunicadores cuestionaron los ocho capítulos y 46 artículos de la iniciativa, principalmente los del recurso que operará el fondo a través de un fideicomiso público, el de la integración de la Comisión de Prevención y Protección de los Periodistas en el Estado de Oaxaca -la cual sería sólo de titutares de dependencias gubernamentales- y los de la eficacia y garantía de la seguridad y la libertad de expresión.
"La Junta de Gobierno es la instancia máxima de la Comisión y principal órgana de toma de cesiones para la prevención y protección de los periodistas", comentó Antonio Mendoza sobre los encargados, pero los reporteros que participaron destacaron que los comunicadores no intervienen en la organización ni en la toma decisiones.
La comisión propuesta en la Ley sólo considera a funcionarios públicos en los cargos, un representante de la Secretaría de Gobierno (Segego), de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO), la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, el Poder Judicial y tres invitados seleccionados por la Junta de Gobierno.
Periodistas con más de 15 y 20 años de trayectoria afirmaron que los mecanismos que utilizaría la Fiscalía para proteger a los reporteros, pueden ser una simulación de un actuar político sin ningún resultado que garantice la seguridad pública; concluyeron que la impunidad en el estado de derecho y el crimen que vive la ciudadanía son factores que hacen dudosa la efectividad de la Ley.
