La democracia amenazada, impunidad, corrupción, la libertad de expresión en uno de sus peores momentos y un gobierno que incurre en actos criminales, son parte de la realidad del México contemporáneo afirmó el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza.
En su visita a Oaxaca para dictar conferencias de índole académica sobre transparencia, democracia y derechos humanos, el especialista criticó fuertemente la actitud del gobierno federal, particularmente del presidente de la república Enrique Peña Nieto y miembros de su gabinete, así como al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Su postura se sostiene en las cuestionadas elecciones del pasado 4 de junio en entidades como el Estado de México y Coahuila, el espionaje a periodistas y activistas por el Gobierno, y la impunidad en el asesinato de civiles a manos de integrantes de las fuerzas de seguridad pública como el ocurrido hace un año en el municipio de Asunción Nochixtlán.
La principal amenaza para la democracia, aseguró, son los recursos de procedencia ilícita utilizados a favor de uno de los contendientes en los procesos electorales y el foco de alerta se vivió en las elecciones pasadas, donde las autoridades electorales locales y nacionales fueron sumisas y omisas; mientras que el Gobierno Federal no respetó las reglas de las contiendas y se prestó a “cometer todo tipo de tropelías”.
Para Álvarez Icaza, esto es un grave precedente para las elecciones federales del próximo año 2018, en el que se elegirá, entre otros cargos, al Presidente de la República.
“El caso de Coahuila es notable, se cayó el conteo como hace 30 años. Para muchos de nosotros quedó la sensación de que se no había retrasado el reloj político 30 años, fue una especie de deja vu de lo que vivimos en el 88 donde fueron las viejas prácticas con nuevos tipo de fraudes electrónicos, cibernéticos”.
Uso de recursos
El otro caso, dijo, fue el Estado de México donde se demostró ante el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el uso de recursos de procedencia ilícita, con más de 500 tarjetas de débito en las que el gobierno de esa entidad realizaba depósitos de más de dos mil pesos a sus operadores políticos. Ese dinero, precisó, procedente de cuentas bancarias que pertenecían al gobierno del Estado de México y que se utilizó para financiar la campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Pese a las pruebas, las autoridades electorales encubrieron el delito: “El tribunal del Poder Judicial de la Federación validó que el INE no nos contestara lo cual hace muy complicado el fenómeno de la justicia”.
La postura del INE, puntualizó, es que con instalar casillas se está cumpliendo con garantizar una elección correcta; pero de esa forma, ignora los principios esenciales que motivaron la reforma electoral del 2014 en la que se afirma la autonomía de los órganos electorales locales y se establecen lineamientos para impedir el uso de recursos de procedencia ilícita con el fin de evitar la inequidad en las elecciones.
“El Consejo Electoral del INE no está entendiendo cuáles son los desafíos de la democracia para el México contemporáneo. Esta misma semana salió información del desvío de recursos en las elecciones del año pasado en lugares como Chihuahua, Veracruz o Quintana Roo, por decenas de millones de pesos y el INE no los vio”.
Espionaje a periodistas
Álvarez Icaza, quien además se encuentra en Oaxaca para promover su iniciativa “Hora” para crear una plataforma de candidatos independientes en los procesos electorales, también se refirió al espionaje que el Gobierno Federal realiza a periodistas y activistas de derechos humanos y el cual fue revelado por el diario New York Times.
Esto ya se sabía pero que ahora esté documentado, lo calificó como acto criminal del gobierno de Peña Nieto y miembros de su gabinete: “Es gravísimo que el Gobierno Federal esté utilizando los recursos que deberían ser para el combate a la delincuencia, contra los críticos”, dijo.
El ex funcionario de la CIDH también consideró como grave que a un año de los hechos violentos ocurridos en el municipio de Asunción Nochixtlán, en el que hubo muertos y centenares de heridos, aún no haya elementos para deslindar responsabilidades.
“No puede darse el caso del uso de fuerza por parte de cuerpos de seguridad del estado y que haya decenas de personas heridas y no haya certeza jurídica, política en términos del uso de la fuerza de qué fue lo que sucedió”.
