En este año la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción inició 428 carpetas de investigación en contra de funcionarios públicos estatal por supuestos actos de corrupción, de los cuales 190 (44.39 por ciento) corresponde a la Fiscalía General del Estado, informó su titular Jorge Emilio Iruegas Álvarez.
Destacó que, de 2017 a la fecha, las denuncias por el delito de peculado, de servidores públicos del Poder Ejecutivo estatal podría superar el monto de los 2 mil 500 millones de pesos.
“Con denuncias desde los titulares de las dependencias, hasta personal administrativo”.
En entrevista, manifestó que las denuncias en contra de funcionarios de la fiscalía general son mayores, porque ante la incidencia delictiva que existe en la entidad, los servidores públicos de la dependencia son los que reciben el mayor número de trámites de los ciudadanos.
“Un gran número de personas acude a presentar una denuncia o son sujetos de alguna investigación, por lo que pueden ser susceptibles de ser víctimas de un delito cometidos por servidores públicos. Esto a diferencia de los otros trámites donde hay una incidencia mucho menor como gobierno del estado”.
Añadió que la segunda dependencia con el mayor número de investigaciones iniciadas es la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) por las mismas razones, la policía de proximidad, la que anda en las calles, es la que tiene mayor interacción con los ciudadanos y de ahí pueden derivar denuncias de carácter penal.
Funcionarios municipales y estatalesIruegas Álvarez dijo que en este orden continúa el Poder Judicial, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Administración, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la Secretaría de Finanzas, la Coordinación de Comunicación Social y Vocería, Catastro y Registro Civil.
Comentó que si se realiza un comparativo con las denuncias en contra de autoridades municipales, se tiene un mayor número de autoridades municipales involucradas que servidores públicos estatales.
Subrayó que la gran mayoría de las denuncias son por la supuesta comisión de dos delitos: el ejercicio ilícito del servicio público, que tiene distintas modalidades, pues tiene que ver con temas de contratación, el ejercicio irregular de la función de servidor público; y el peculado.
Manifestó que existe una tendencia ascendente en la comisión de ilícitos de servidores públicos.
“Antes año con año se recibían entre 700 y 750 denuncias, el último año superamos las 800, incluido que en ese lapso de alza se cruza el tema de la pandemia, pero una vez que se concluyó el encierro postpandémico se dispararon las denuncia, obviamente porque regresaron las actividades de las dependencias públicas”.
